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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que Tabasco se encuentra dentro de las seis entidades federativas con mayor tasa de víctimas de actos de corrupción que se encuentran internas en centros penitenciarios.
Por primera vez, el INEGI publicó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) en el que se da a conocer que en Tabasco, el 44.5 de la población encuestada privada de la libertad fue víctima de actos de corrupción por parte de autoridades y servidores públicos durante su arresto, proceso penal y estancia en un centro penitenciario.
La ENPOL trae consigo un apartado -Corrupción en el Centro Penitenciario- en el que permite estimar que en 2016, a nivel nacional hubieron 108 víctimas de corrupción por cada mil personas privadas de la libertad al interior de un centro penitenciario, mientras que en Tabasco la estadística marca que fueron 101 víctimas de corrupción por cada mil reclusos.
Dentro de las canonjías y derechos a los que accedieron los reclusos tras el respectivo pago se encuentran exentar el pase de lista (64.6%), tener aparatos electrónicos (50.2%), salir al patio de visitas (37.3%), tener agua potable (35.1%) y acceder a un teléfono (30.4%).
Asimismo, se dio a conocer que tras pagos de cantidades de dinero se pueden acceder a otros servicios a los que deberían tener derecho como servicios de salud (28.9%), recibir comida (28.7%), tener una cama, colchonetas o cobijas (26.4%), recibir una visita conyugal (23.2%), usar baños, mingitorios o regaderas (22.8%).
Lo que causa aún más ruido es que el 17 por ciento pagó incluso por protección, ya que la misma estadística revela que el 31.9 por ciento de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario donde se encuentra y 19.1% al interior de su celda.
SIN SORPRESAS
No es de sorprenderse que los datos que se arrojan marcan que el 87.4 por ciento de los pagos fueron entregados a custodios; el 36.1 a internos; 7.8 a personal penitenciario; 6.4 a médicos; 6.3 personal administrativo, mientras que un 1.4 por ciento dijo que lo entregó a otras personas, pero el estudio no lo detalla.
Lo impresionante es que el 94.2% de la población privada de la libertad víctima de actos de corrupción en el centro penitenciario durante 2016 no presentó una queja o denuncia al respecto, principalmente por temor a represalias.
En un desglose detallado del por qué no se denunciaron los actos de corrupción, fue por temor a represalias (31.4%), mientras que otro 26.6 por ciento lo ve como una práctica común; el 20.2 por ciento consideró que sería inútil denunciar; el 4.4 por ciento porque consideró que sólo sería una pérdida de tiempo y 3.2 por ciento desconocía con quién denunciar.
Hubo parte de la población penitenciaria que estuvo conforme con los actos de corrupción del que fueron víctimas, pues dijeron que no denunciaron porque tuvieron beneficio del pago (9.7%) y en señal de gratitud para que puedan seguir accediendo a esas canonjías (0.4%).
Para el levantamiento de la ENPOL se visitaron 338 centros penitenciarios federales, estatales y municipales en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país.
El marco muestral fue de 211 mil personas, de ellas, cinco por ciento fueron mujeres. La encuesta consideró una muestra total de 64,150 personas privadas de la libertad.
Dentro de los datos importantes que arrojó la ENPOL, es que el 32.4 por ciento las personas privadas de su libertad no fue informada sobre el motivo por el cual la acusaban y sólo 19.8% pudo ejercer su derecho de contactarse con un abogado; mientras que el 24.3% de esta población recibió amenazas o presiones para declararse culpable.
EL TOP 5
Entidades federativas reportadas con mayor tasa de víctimas de actos de corrupción
Estado de México – 57.9
Ciudad de México – 56.0
Puebla – 48.9
Tlaxcala – 48.4
Tabasco- 44.5
Corrupción violaciones e inseguridad
Agencias
Uno de cada cuatro reos que se encuentran en alguno de los 338 centros penitenciarios federales, estatales y municipales de todo el país es reincidente, de acuerdo con la primera Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016.
Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fueron el robo (60%), la posesión ilegal de drogas (12.9%), la portación ilegal de armas (9.7%), las lesiones (8.8%) y el homicidio (5.4%).
El robo de vehículo (27%) fue el que más cometieron, seguido del de transeúnte (26.6%) y el de casa habitación (22.2%).
El 36.1% dijo haber estado recluido por su delito anterior un promedio de más de dos años, un 30.1% estuvo encarcelado un mes o menos. El 44% declaró haber pasado más de dos años fuera de la cárcel tras cumplir su sentencia y quedar en libertad.
La encuesta también confirmó las malas condiciones en que opera el sistema penitenciario mexicano.
El 75.6% de los reos que se encuentran en prisión dijeron que sufrieron algún tipo de violencia psicológica durante su arresto.
El 58.3% dijo que fue incomunicada o aislada; el 52.5% fue amenazada por autoridades con levantarle cargos falsos, el 46.2% dijo que fueron desvestidos al momento del arresto; el 40.2% fue atado y el 36.6% fue presionado para denunciar a alguien.
También se registró violencia física durante el arresto. El 63.8% señaló abuso físico por parte de autoridades.
El 59% sufrió de patadas y puñetazos; el 39% golpes con algún objeto, el 37% lesiones por aplastamiento y el 19.4% descargas eléctricas.
