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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno a emprender acciones encaminadas al combate a la pobreza y reducción de las desigualdades, a través de políticas públicas y procesos de planeación que reflejen una perspectiva de derechos humanos.
Mediante un comunicado, destacó que las acciones también deben estar sujetas a la participación y escrutinio de la sociedad civil.
El organismo nacional indicó que las limitaciones, contrastes y desigualdades que enfrenta la población nacional constituyen un obstáculo para el goce y ejercicio de los derechos humanos, de ahí la urgencia de aplicar políticas encaminadas al combate a la pobreza y la adopción de un modelo económico sostenible e inclusivo.
Con estimaciones de la pobreza en México, publicadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), precisó que 53.4 millones de personas en México se encuentran en situación de pobreza, en tanto que 9.4 millones se ubican dentro un escenario de pobreza extrema.
En ocasión del Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero, la CNDH resaltó que, en promedio, casi 30 millones de personas en México enfrentan carencias sociales, entre las que se contemplan el rezago educativo.
Además, acceso a los servicios de salud, la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda (casi 68.4 millones) al igual que sus servicios básicos, como también a la alimentación.
El organismo nacional destacó que el abatimiento de la pobreza constituye el primer Objetivo que plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, dicho imperativo es definitorio para la consecución de los restantes Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 62/10 del 26 de noviembre de 2007, estableció el Día Mundial de la Justicia Social como una iniciativa encaminada a garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
