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Los diputados aprobaron agravar la penalidad por abigeato, que va de uno a ocho años de prisión, o hasta 15 años en ciertos casos, dependiendo de la modalidad del delito.
En la propuesta de la legisladora del PRD Norma Gamas Fuentes, se aprobaron reformas a los artículos 181, 182, 183 y 184, así como adiciones a los artículos 185 Bis y 185 Bis 1 del Código Penal para aumentar las penas y sanciones a quienes cometan el delito de abigeato.
La modificación equipara el delito y amplía su tipificación, considerando nuevas agravantes y extendiendo el catálogo de modalidades. Se establecen penas que van de uno a nueva años de prisión y multas de 100 a mil días, dependiendo las circunstancias en que se haya cometido el delito.
Fueron establecidas también ciertas agravantes que abarcan penalidad de 10 a 15 años de prisión.
Por ejemplo, si se comete valiéndose de la nocturnidad, aprovechándose de una relación de trabajo, confianza o parentesco; o cuando es perpetrado por ganaderos inscritos en cualquier unión o asociación. También si es ejecutado con violencia, o si los responsables simulan ser miembros de alguna autoridad.
De igual forma, cuando se trate de animales para el mejoramiento genético, los responsables porten armas –sin importar si las usan o no-, y otras especificaciones.
El catálogo de los agravantes también se refiere a la figura de asociación delictuosa, banda o pandilla, toda vez que este delito es cometido usualmente por más de tres personas asociadas, por lo cual aumentaría la gravedad de la penalidad.
También se considera la penalización a quien expida o haga uso de facturas, guía de tránsito, certificado zoosanitario o dispositivos de identificación oficial apócrifos, para simular venta de animales, producto o subproductos de los que no se acredite propiedad; la penalidad va de cinco a nueve años de prisión.
Otro aspecto importante está relacionado al castigo de nueve a 14 años de prisión, además de la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble de la pena de prisión impuesta, a las autoridades en general y los servidores públicos de los puntos de verificación e inspección a quienes se les compruebe que intervinieron o participaron en las operaciones para la comisión del delito, si no tomaron las medidas a las que están obligados.
«Se dará seguridad jurídica, generará mayor confianza para la inversión de la actividad ganadera y se fomentará un mayor crecimiento y desarrollo económico del sector”
Norma Gamas Fuentes
Diputada del PRD
