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Desvíos de fondos, duplicidad de pagos, obras no realizadas o dinero que directamente se desvanece. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, estuvo cerca de caer en febrero, cuando el órgano auditor federal mexicano lo señaló como el Estado que más irregularidades acumula en la gestión de recursos federales: 2.000 millones de dólares en los últimos cuatro años.
La onda expansiva -a la que se sumaron los repetidos casos de desapariciones forzadas, el alto número de periodistas asesinados y el clima general de inseguridad- removió los cimientos del hasta ese momento pétreo apoyo hacia Duarte de su partido, el PRI, que lleva 80 años mandando ininterrumpidamente en la tierra del son jarocho. Pasados los temblores, parece que el gobernador resistirá hasta finalizar el sexenio en diciembre, dejando como herencia unas finanzas públicas en estado de descomposición.
En sus cinco años de mandato, la deuda pública se ha multiplicado por tres. Hasta 2.500 millones de dólares colocan a Veracruz como el cuarto estado más endeudado de México. El Observatorio de Finanzas Públicas (OFP), dependiente de la Universidad Veracruzana, calcula que la bolsa es aún mucho más voluminosa porque las cifras oficiales sólo incluyen créditos bancarios y dejan fuera las deudas con organismos públicos como el instituto de pensiones, los gastos corrientes, obligaciones con la Universidad, con los municipios, los adeudos con proveedores o los créditos concedidos para pagar a su vez deuda antigua. Las estimaciones del OFP se acercan a los 5.000 millones, lo que representaría un 90% del presupuesto fijado para 2015.
«Todo el mundo está de acuerdo en que hay más deuda de la que se declara. Pero nadie puede llegar a una conclusión. Todo este desorden y falta de transparencia provoca una gran confusión», sostiene el diputado del PAN Julen Rementería. El porqué y el para qué del endeudamiento es otra de las incógnitas en Veracruz. Hasta el año pasado solo estaba permitido por ley pedir deuda para obra pública. Según las estimaciones del OFP, el Gobierno gastó hasta el año pasado en inversión pública 720 millones, lo que representa el 42% del total de deuda bancaria contratada.
«La mitad de esa deuda no fue utilizada para inversión pública. Y si no fue utilizada para esto, ¿cuál fue su destino?», se pregunta el coordinador del OFP, Hilario Barcelata. El Gobierno ha declinado hacer cualquier declaración.
