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Las bancadas del PAN y PRD presentaron en el Senado las reformas complementarias del Sistema Nacional Anticorrupción, para crear en la Ley Orgánica de la PGR una fiscalía con independencia técnica y operativa y recursos etiquetados para combatir ese delito, cuya figura se crea a través de modificaciones al Código Penal Federal.
En las iniciativas presentadas por los senadores del PAN, Pilar Ortega, y Luis Humberto Fernández, del PRD, se propone que en la designación del fiscal anticorrupción no participe el presidente de la República, sino que sea nombrado por las dos terceras partes de los senadores presentes y pueda ser removido por el procurador General de la República, aunque esa decisión puede ser impugnada por la Cámara Alta.
En el caso del delito de corrupción, se prevé un catálogo de cuando menos una veintena de acciones que serán tipificadas como delito, en caso de ser cometidas por servidores públicos o privados.
La primera iniciativa, que modifica dos títulos de la Ley Orgánica de la PGR y al Código Penal Federal, fue presentada por el perredista Luis Humberto Fernández, quien afirma que la corrupción se ha vuelto el problema que impide el desarrollo de la sociedad y el crecimiento del país.
Los mexicanos exigen que los corruptos sean castigados de manera contundente, como lo merecen verdaderamente por su traición no sólo al cargo público que por honestidad deberían ostentar, sino al país.
En los considerandos se subraya que esta iniciativa atiende de manera precisa las recomendaciones internacionales. El objetivo es inhibir que los servidores públicos o las personas físicas o morales cometan delitos de corrupción y, en caso de que lo hagan, haya un tipo penal específico mediante el cual puedan ser sancionados con las consecuencias debidas. Se propone que impongan las mismas sanciones previstas para el delito a cualquier persona física o moral que participe en los delitos de corrupción, así como sancionar a los funcionarios que participen en éste.
Se considera delito de corrupción la promesa, ofrecimiento o concesión a algún funcionario público directa o indirectamente que redunde es su provecho persona o entidad. También se considerará delito el ejercicio indebido del servicio público, soborno o cohecho de funcionarios públicos nacionales, extranjeros, organizaciones internacionales públicas y privadas; peculado; malversación; apropiación indebida; extorsión; simulación de actos; nepotismo, lavado de dinero y encubrimiento, entre otros.
La segunda iniciativa, presentada por la panista Pilar Ortega, pretende crear una fiscalía con reformas a la Ley Orgánica de la PGR, para lo cual, las bancadas del PRI y del PRD enlistaron en la Gaceta Parlamentaria de hoy la iniciativa en la que se establece que esta fiscalía sea dotada de independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción. Contará con el personal sustantivo, directivo, administrativo y auxiliar para el debido cumplimiento de sus funciones, y dispondrá de unidades administrativas regionales en todo el país.
La conformación orgánica de estas unidades se determinará mediante acuerdo del fiscal especializado. El titular de la fiscalía será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado, podrá ser removido libremente por el titular de la PGR, pero dicha remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría del Senado en un plazo de 15 días hábiles.
