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La Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental (Sernapam) clausuró este jueves el terreno que se rellenaba para la construcción y operación de una planta de elaboración de fluidos para la perforación de pozos petroleros de la empresa Consorcio Luvo S de RL de CV, que utilizaba material de recortes tratados y extraídos de pozos petroleros.
El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Sernapam, Santana Martínez Hernández, explicó que también se canceló el proyecto, porque se comprobó que inició el relleno del predio antes de que se le otorgara a la empresa el permiso en materia de impacto ambiental, con lo que violó la ley estatal respectiva.
“Nosotros recibimos el reporte de padres de familia de dos escuelas que se encuentran en la ranchería Cumuapa segunda sección, del municipio de Cunduacán, quienes decían que en el terreno que se rellenaba olía a hidrocarburo. Fuimos a verificar el sitio y efectivamente, constatamos que se estaba rellenando el terreno cuando a la empresa todavía no se le otorgaba el permiso y, además, se percibía el olor”, aseguró.
Informó que el día 14 de abril se entregó el permiso de impacto ambiental a la empresa, y el día 15, personal de la Secretaría acudió al lugar referido y se percató que ya se llevaba un importante avance en el relleno. “Una parte del material que se utilizaba era pétreo, pero también constatamos que se usaba residuo procedente del tratamiento de lodos de perforación, que no habíamos autorizado”, expresó.
Por todo ello, personal de la Dirección de Inspección Ambiental y Reclamaciones notificó a los representantes de la compañía la clausura total temporal y suspensión de actividades de disposición final de residuos de manejo especial, por lo que colocaron cinta barricada amarilla con la leyenda “Prohibido el paso” y los sellos de clausurado en el terreno de cinco hectáreas ubicado en el kilómetro 153 de la carretera a Cárdenas.
El subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Sernapam dijo que una vez cancelado el proyecto continúa el procedimiento normal de inspección y vigilancia, y se le dará a la empresa el tiempo necesario para que disponga lo que a su derecho convenga, y además se le solicitará que realice el estudio de evaluación de daños y el retiro del material que no está autorizado.
Señaló que el manifiesto de impacto ambiental es un requisito que debe exhibir cualquier persona o industria que pretenda ejecutar una operación dentro del estado y que de alguna forma genere cierto tipo de afectaciones al ambiente. “La Ley de Protección Ambiental del Estado establece qué empresas y actividades deben presentarlo para que lo autoricemos”, subrayó.
Martínez Hernández informó que un material de ese tipo debidamente tratado ya no debe ser ofensivo al medio ambiente, “pero el que están utilizando seguramente no fue tratado eficazmente, por lo que notificaremos a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que actúe con la compañía que haya liberado esos residuos sin tener las condiciones que se establecen en los respectivos permisos”.
El funcionario también aprovechó la oportunidad para aclarar que todo lo concerniente a la extracción y aprovechamiento de material pétreo, el Gobierno del Estado es el único facultado para entregar los permisos correspondientes, por lo que rechazó que sean los ayuntamientos los que los otorguen.
