Respeto a derechos humanos, pieza clave del nuevo sistema de justicia penal

El próximo 6 de junio operará en todo Tabasco el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), este cambio representa la adopción de un nuevo paradigma cuyo eje rector es la garantía de preservar los derechos humanos de los involucrados en el proceso penal, dijo el titular de la Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional para la Implementación deI Sistema de Justicia Penal en el Estado de Tabasco (STCIISJUPET), Jorge Arzubide Dagdug.

En conferencia de prensa ofrecida por la STCIISJUPET, y acompañado de Pedro Federico Calcáneo Argüelles, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Arzubide Dagdug expresó que en este nuevo sistema se protegen los derechos humanos de la víctima y el imputado.

Proteger estos derechos es de vital importancia, y es que el principal afectado por la comisión de un delito, es la víctima u ofendido. Se amplían los derechos de todos, ya que además de los derechos constitucionales también se consideran los derivados de los tratados internacionales aceptados por México en la materia, explicó ante al vicefiscal de los Derechos Humanos y Atención Integral a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, Juan Sibaja Contreras.
También se fortalece la participación de la víctima, ya que ahora puede aportar pruebas y participar en el proceso de manera directa; solicitar la reparación del daño; impugnar ante un juez las resoluciones y omisiones del Ministerio Público, así como solicitar al juez que dicte medidas de prevención para su protección y para la restitución de sus derechos, sin necesidad de esperar a que el juicio acabe.

Hoy, la víctima es visible y activa, ya que por primera vez tiene voz durante el proceso y cuenta con un asesor gratuito que la guía y busca que se le repare el daño.

Un principio del NSJP es el debido proceso, que son las condiciones y requisitos de carácter jurídico y procesal necesarios para garantizar el respeto a los derechos humanos, por lo que las pruebas obtenidas mediante cualquier acto ilegal como tortura o detenciones arbitrarias, no serán válidas en el proceso. Lo anterior obliga a policías, ministerios públicos, peritos, jueces, defensores y a todos los actores, a conducirse con estricta legalidad en sus actuaciones procesales.

Asimismo, se promueve la presunción de inocencia, por lo que nadie es culpable hasta que se declare su responsabilidad mediante una sentencia dictada por un juez, la cual debe justificar en audiencia pública. Este principio aplica no sólo dentro del proceso, sino también fuera de él, por lo que a nadie debe dársele un trato como culpable ante la sociedad, hasta que no se demuestre lo contrario.

Los derechos humanos son el eje fundamental de este nuevo modelo de justicia, bajo el cual deben actuar todos los operadores del sistema. De esta manera, se configura la procuración e impartición de

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