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El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), reitera su posición a privilegiar el diálogo, apertura, legalidad, transparencia y el respeto a los derechos humanos, en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Arturo Núñez Jiménez.
En este contexto, la SCT informa que una vez finalizado los procesos de prórrogas de concesiones y permisos, se han iniciado los trabajos de regularización, análisis de rutas y jurisdicciones en todas sus modalidades de acuerdo a los estudios técnicos y necesidades del servicio, tal como establece el título IV de la Ley de Transportes para el Estado de Tabasco.
Respecto a la inconformidad de algunos transportistas, esta Secretaría privilegiará el diálogo y la concertación con apego a la ley y su reglamento, por lo que garantizará en todo momento la atención al usuario, el patrimonio de los transportistas y el respeto a la autoridad.
La actuación de esta dependencia ha sido y será siempre con apego a la Ley, mediante la cual se erradican vicios y prácticas del pasado, privilegios y monopolios, así como el combate al pirataje, que han afectado a los verdaderos transportistas y sobre todo a aquellos que durante muchos años no han sido tomados en cuenta como verdaderos trabajadores del volante.
Se exhorta a los transportistas y a todos los usuarios a que denuncien todas aquellas anomalías en cuanto a trámites y servicios, que efectúen la denuncia correspondiente en el Departamento de Quejas así como ante la Contraloría Interna de esta Secretaría, que estará pendiente de todos los trámites y servicios que se llevan a cabo, también puede interponer su queja formal al teléfono al 01 800 216 7005.
En cuanto al combate al pirataje, la SCT reitera su compromiso, cuyos resultados al 31 de mayo de 2016, arrojan 403 operativos realizados, con 360 actas levantadas y 179 unidades detenidas, que fueron aseguradas en los retenes autorizados; además se han combatido amparos promovidos por taxistas irregulares, por lo que han sido retirados de circulación 369 unidades con números económicos 6000 y 9000, medidas con las que se fortalece el combate al pirataje, demostrándose que dichos permisos eran apócrifos, presuntamente otorgados por el gobierno anterior a finales de 2012.
