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Las Comisiones Unidas del Senado aprobaron en lo general la ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, con los votos en contra del PAN y PRD al artículo 29 que define las modalidades de presentación de las declaraciones patrimonial, de interés y fiscal de los servidores públicas.
No hubo debate en lo particular y se resolvió llevar todas las reservas del ley al pleno.
Ayer, los senadores aprobaron un adendum para que parte de las declariones de los funcionarios públicos sea privada y que el comité ciudadano que integrará el sistema anticorrupción se quien determine los formatos de las declaraciones.
En tribuna el ecologista Pablo Escudero, presidente de la Comisión de Anticorrupción, defendió el contenido del adendum al decir que recoge las preocupaciones ciudadanas de los 640 mil mexicanos que pidieron esta reforma.
Dijo que entre los puntos más importantes de la reforma anticorrupción está que ahora las declaraciones serán públicas y solo los rubros privados serán resueltos por el comité evaluador que estará integrado por especialistas y ciudadanos.
Además habrá una plataforma digital donde la población podrá conocer las declaraciones y evolución patrimonial de los servidores públicos; una sala especializada en el Tribunal Administrativo que revisará los casos de corrupción; la Auditoria Superior tendrá más facultades de investigación, entre otros.
Esta mañana, el Senado reinició la discusión de la reforma anticorrupción y arrancó con la revisión de la Ley 3 de 3, donde el PRD y PAN rechazaron ya el adendum presentado ayer por el PRI y el Partido Verde para mantener como privados rubros de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
En tribuna la panista Marcela Torres y el perredista Zoé Robledo rechazaron esa propuesta porque no coincide con la propuesta original de las organizaciones ciudadanas, de hacer públicas las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.
«Esta propuesta achata y minimiza esta obligación», dijo Zoé Robledo, quien resaltó que todos los campos de las propiedades de los funcionarios tienen que publicitarse, así como presentar completas las declaraciones fiscales para que «cuadren» con las demás declaraciones «y eso no es obligatorio en este adendum que presentaron».
Robledo dijo que el dictamen contiene altos márgenes de impunidad que son inaceptables, como indultar a los corruptos, además de que no contiene un sistema de combate a los «moches» como tal.
En el adendum, el PRI y el Partido Verde plantean que si bien las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas, se mantendrían como privados «los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o datos personales protegidos por la Constitución. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana emitirá los formatos respectivos, garantizando que los rubros aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes».
