La recién aprobada Ley 3de3, que obliga a empresarios proveedores del gobierno, becarios y otros grupos que reciben apoyo monetario de instituciones públicas a presentar su declaración de intereses, patrimonial y fiscal, enfrentará una ola de amparos, denunció el líder nacional del PAN, Ricardo Anaya.
Dijo que la enmienda de última hora “es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales”, además, frenará el ímpetu de la exigencia ciudadana que buscaba frenar la corrupción en la clase política.
Por su parte, el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, adelantó que promoverán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.
Asimismo, solicitará al presidente Enrique Peña Nieto que vete la ley.
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, advirtió que la ley podría ahuyentar las inversiones en la capital.
Advierten ola de amparos por Ley 3de3
La idea de hacer obligatoria para los particulares la presentación de su declaración 3de3 es una trampa que no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales, consideró el Partido Acción Nacional (PAN).
El dirigente panista, Ricardo Anaya, dijo que la enmienda de última hora lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley, para así “frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana”; que buscaba frenar la corrupción con en la clase política.
Advirtió que si bien es absolutamente cierto que la corrupción suele involucrar a un político y también a un particular, “la idea de hacer obligatoria la declaración 3de3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales”.
Comentó que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas “pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3de3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales”.
Detalló que esta legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro; pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex, y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
La noche del jueves los diputados del PRI, PVEM y PANAL, que forman mayoría simple en San Lázaro aprobaron, pese al rechazo, de PAN, PRD y Morena y Movimiento Ciudadano la obligación para que las personas físicas y morales que firmen contratos con el gobierno o ejerzan recursos públicos presenten sus declaraciones patrimonial y de intereses.
De esta manera, se rechazó la solicitud que representantes de la sociedad civil y empresarios realizaron para eliminar la inclusión de los particulares en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Por ello, el líder del PAN, Ricardo Anaya, expresó la postura del Comité Ejecutivo Nacional (CEN): “lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”.
PRD busca echarla abajo
El jefe de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, adelantó que ésta promoverá la presentación de una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN por la incorporación de los particulares a la ley 3 de 3.
Antes de acudir a ese recurso, los legisladores perredistas esperan que el presiente Enrique Peña Nieto frene la ley. “Porque es un verdadero absurdo, sobre todo el obligar a personas que tienen relación con personas morales, que a su vez reciben recursos del gobierno federal y que preparen declaraciones 3de3, eso es un total absurdo”, planteó.
“Exhortaremos al Ejecutivo para que utilice la facultad de veto en torno a la Ley de Responsabilidades Administrativas”, informó.
Expuso Martínez Neri que su bancada seguirá respaldando las propuestas que hizo la sociedad civil en materia anticorrupción. “Hay un sinsabor porque la corrupción en México no se combatirá con este tipo de medidas”, alegó.
En referencia a los artículos 29 y 32 de dicha ley —relativos a la acotación de la publicidad de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, así como a la incorporación a la plataforma 3de3 a los proveedores de servicios de las instancias públicas—, el jefe de la bancada del PRD recordó que ésta defendió hasta el final de la sesión del jueves la posibilidad de modificarlos.
Sin embargo recordó que, al final, en la Cámara de Diputados el bloque del PRI y del Verde se opuso a las modificaciones y dejó tal cual el dictamen que envió el Senado.
“Estamos valorando una acción de constitucionalidad”, comentó. Confió el perredista que en dicho propósito contarían con el respaldo del PAN.
En alusión al acotamiento en materia de publicidad de las declaraciones, el jefe de la bancada perredista enfatizó que “el problema de la corrupción en México no se va a combatir de esta manera, ocultando datos”.
Discuten desde tribuna
La tribuna del Senado fue el espacio para dirimir los reproches guardados de los partidos de izquierda.
Manuel Bartlett, coordinador de los senadores del PT, encendió el debate cuando reprochó al perredista Armando Ríos Piter utilizar las estaciones de radio y las redes sociales para acusar a su grupo parlamentario de ser los responsables de que no se incluyera un formato en la ley para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés.
Reprochó a Ríos Piter haber mentido, y reiteró que el PT no votó con el PRD, porque éste no los buscó, y porque no creen en lo que hace el PRD.
Pero Ríos Piter respondió que no miente. Que Bartlett estaba en su lugar y no votó y con eso ayudó al PRI y al Partido Verde.
“Seguramente no le gusta, porque usted y a muchos de sus compañeros del movimiento de Andrés Manuel López Obrador solamente les gusta destruir.
Bartlett habló de lo difícil que le resulta al PRD aceptar que fue la ausencia de sus integrantes lo que provocó su derrota.
MIentras ellos discutían, desde el PAN surgió la broma de que ese debate era un pleito entre un jaguar, apodo de Ríos Piter, y un dinosaurio, como llaman a Bartlett.
“Se atendió exigencia ciudadana”
El líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, afirmó que se atendió la exigencia ciudadana en la llamada ley 3de3, “no a pedir de boca de algunos, pero se atendió”.
Dijo que es importante ir robusteciendo un Sistema Nacional Anticorrupción “que no haga daño a las personas, y que tampoco haga que algunos servidores públicos sean blanco del crimen organizado”.
En entrevista, con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Camacho Quiroz explicó que el Sistema Nacional Anticorrupción es muy complejo, y no es un asunto sólo de la 3de3.
Destacó que una de los beneficio es la creación de una Fiscalía autónoma, “hecha como traje a la medida, que no dependa de nadie para tomar sus decisiones, que sea tan fuerte para que los jueces lleven casos exitosos y emitan sanciones tan severas como se amerite”.
Sobre las elecciones del pasado cinco de junio, el coordinador de los diputados priistas consideró: “Aquí nadie gana ni nadie pierde para siempre (…) Pronto habrá una Asamblea Nacional y tiene que ser autocrítica”.
Fortalecen a la Función Pública
El pleno del Senado concluyó el proceso legislativo de las siete leyes y reformas que conforman el primer Sistema Nacional Anticorrupción del país, que además de obligar a particulares y servidores públicos a publicar sus patrimonios y de llevar a la cárcel a diputados que exijan mordidas, fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para vigilar la corrupción en deuda de estados y municipios.
Ayer, después de polémicas constantes, que al final generó la inconformidad de empresarios y algunos particulares que no quieren hacen públicos sus patrimonios, el pleno del Senado envió al Ejecutivo las dos últimas reformas de este paquete, que incluyen el fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, pero sin ser ya la cabeza de la lucha contra la corrupción, sino parte del Sistema Nacional Anticorrupción.
La otra ley fue la referente al fortalecimiento de la ASF, que ahora vigilará que no se cometan actos de corrupción en los procesos de contratación y entrega de deuda de estados y municipios que esté respaldada con fondos federales; además, podrá vigilar la forma en que las organizaciones sociales utilizan los fondos públicos que consiguen de los diferentes niveles de gobierno y podrá intervenir empresas privadas que incurran en irregularidades.
Senadores del PRI, PAN, PRD y Verde consideraron que estas dos nuevas leyes contienen avances fundamentales para que México pueda avanzar hacia la vigilancia más estricta del uso del dinero público y de la relación que establecen los particulares para hacer negocios con el gobierno y entre ellos, frente a algún nivel de gobierno.
El legislador del Verde, Pablo Escudero, quien como presidente de la Comisión Anticorrupción condujo este tortuoso proceso legislativo, agradeció a todas las organizaciones sociales que ayudaron a construir este paquete de siete leyes; a todos los senadores que accedieron a llegar a acuerdos y ofreció una disculpa si en algún momento, al calor del debate, incurrió en excesos.
Se ahuyentará a la IP, advierte Mancera
Al inaugurar el FARO de Aragón, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, exhortó a las Cámaras de Diputados y de Senadores a no incluir a la iniciativa privada en la Ley 3de3, pues podría ahuyentar inversiones en la capital.
Mancera explicó que el FARO de Aragón recibió aportaciones de la iniciativa privada que de estar incluidos en la 3de3 podrían no prestar ese tipo de apoyos a los gobiernos.
“Hoy vale la pena hacer un llamado, un llamado a la reflexión a la Cámara de Diputados y decirle que no permita que se tergiverse, que se pervierta el planteamiento de la sociedad civil, de la Ley 3de3. Esa ley es para los servidores públicos, es para que nosotros, transparentemos los recursos, no para llamar a la iniciativa privada.
“Imagínese, la Iniciativa Privada, que aquí hiciera una donación o que nosotros tuviéramos una contratación, al rato tiene que transparentar y tiene que decir cuáles son sus recursos. Vamos a ahuyentar a la Iniciativa Privada”, mencionó Mancera.
El mandatario capitalino puntualizó que la inclusión de empresarios en las leyes anticorrupción pareciera ser una vendetta en contra de ese sector por parte de los legisladores.
“Debemos de trabajar con ellos y llamarlos a la colaboración, no llevar esta iniciativa a donde no es su origen, ni su destino, inicialmente nunca se planteó para eso, se planteó para que nosotros los servidores públicos transparentáramos nuestros recursos, para que dijéramos lo que tengamos.
“Para contrarrestar y combatir la corrupción en todo el país, no para que la iniciativa privada ahora sea la que esté obligada a transparentarse como si fuera una vendetta, yo creo que no es por ahí el camino, yo creo que estamos a tiempo de reorientarlo”, insistió el Jefe de Gobierno.
Mancera Espinosa dijo que en el caso del Faro de Aragón inaugurado ayer, Cinépolis donó el equipo para el inmueble, algo que podría no ocurrir si se concreta la exigencia de la legislación 3de3.