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La Comisión Instructora, presidida actualmente por el priista Ricardo Ramírez Nieto, se tardó seis años en analizar las peticiones y al final los desechó de un plumazo con el argumento de que la solicitud para desaforar al Ejecutivo mexicano debe realizarse ante el Senado, según lo determina el artículo 110 constitucional.
Junto con las solicitudes contra Peña Nieto, la Comisión Instructora desechó también otras 23 solicitudes que se habían acumulado en contra del ex procurador de Justicia del Distrito Federal Bernardo Bátiz y del ex Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard.
Además de solicitudes en contra del ex Gobernador de Tabasco Rafael Granier, del ex Gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández, así como del ex Mandatario de Veracruz Fidel Herrera.
Otros personajes liberados son el ex presidente Felipe Calderón y su entonces secretarios de Salud, José Ángel Córdova. En 16 solicitudes, planteadas desde antes de 2011, el argumento fue que como ya no son funcionarios públicos no se les puede quitar ningún fuero.
En el caso del ex secretario de Comunicaciones Juan Francisco Molinar Horcasitas, la solicitud de desafuero se planteó en 2010, y él falleció en 2015. En otros casos se determinó que no existe una averiguación previa.
El desechamiento de estas solicitudes generó la protesta del PRD , quienes acusaron que es una confirmación de la impunidad y que los casos deberían pasar al Pleno, no ser resueltos en la Comisión.
«Tenemos una década donde no se había instalado la sección instructora.
«De pronto se instala, 10 años después, y solamente para esto, para fast track, sacar lo que es incómodo para el sistema y cuidar algunos nombres», acusó el legislador Omar Ortega, secretario de la Comisión compuesta en total por cuatro diputados, dos del PRI, uno del PAN y otro del PRD .
Por su parte, el priista Ricardo Ramírez Nieto, presidente de la Sección Instructora, defendió la decisión de desechar solicitudes de desafuero, la cual ha acabado con el rezago existente, dijo.
«Los razonamientos expuestos en el acuerdo correspondiente están jurídicamente sostenidos, no hay absolutamente ningún expediente en el cual no se haya hecho ningún estudio acucioso y particularizado», afirmó.
El legislador rechazó sentirse culpable de que la tardanza en los fallos haya sido tal que incluso los acusados dejaron de ser funcionarios.
«Si otros de legislaturas no hicieron la chamba, yo sí la hice, y por eso ahorita en la sección instructora no tiene ya ningún rezago, está en ceros a partir de hoy», sostuvo.
