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Debido a su “alta capacidad” económica, grado de responsabilidad y de afectación a las víctimas indirectas, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, fundador del cártel de Guadalajara, deberá pagar una indemnización de 20 millones 810 mil pesos a familiares del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, y del piloto Alfredo Zavala, ambos secuestrados y ejecutados en 1985 por esa organización criminal.
El juez cuarto de distrito de procesos penales en el Estado de México, Gerardo García Anzures, consideró en su fallo que el sentenciado, actualmente en prisión domiciliaria, “cuenta con una situación económica alta, toda vez que al ocurrir los hechos él y otros dirigían un grupo criminal dedicado al narcotráfico”.
Determinó que Fonseca Carrillo deberá cubrir el monto total de la “reparación de daño”, puesto que se le halló culpable de secuestro y homicidio calificado.
Enrique Camarena Jr, hijo del extinto agente antidrogas, quien en julio de 2014 fue designado juez de la Corte Superior de San Diego, California, recibirá un pago de 10 millones de pesos, que al tipo de cambio actual equivale a unos 454 mil dólares.
El monto restante será repartido entre la viuda y cinco hijos del piloto que laboró en la desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y que fue contratado por Kiki.
Don Neto fue detenido en 1985 y sentenciado a 40 años de prisión por este caso que generó entonces un conflicto diplomático entre México y Estados Unidos.
El 27 de julio de 2016 fue liberado del penal federal de Puente Grande, Jalisco, al recibir el beneficio de la prisión domiciliaria, que actualmente cumple en un fraccionamiento de lujo en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde es monitoreado las 24 horas por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) mediante un brazalete electrónico, personal de vigilancia y cámaras de circuito cerrado.
Casi seis meses después de que dejó el penal de Puente Grande, se resolvió el asunto referente al monto de la reparación integral del daño a los familiares del agente de la DEA y del piloto Zavala.
El juez cuarto sustentó su fallo en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en normas y tratados internacionales suscritos por México, informó el Consejo de la Judicatura Federal.
En sus conclusiones, indicó que “dada la grave afectación a los derechos de las víctimas (familiares), el alto grado de responsabilidad del sentenciado y su alta capacidad económica, la imposición de la indemnización debe ser igualmente severa”.
Destacó que fijar un monto económico insuficiente, provocaría que las víctimas indirectas sientan que sus anhelos de justicia son ignorados o burlados por la autoridad, acrecentando el daño y revictimizándolas, violando el derecho a una “justa indemnización”.
En el caso de la viuda de Zavala se le entregarán 2 millones 500 mil pesos y a cada uno de los cinco hijos un millón 500 mil pesos. Adicionalmente cada familia recibirá 4 mil 802 pesos por concepto de gastos funerarios y 400 mil 200 pesos por indemnización.
