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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que seguirá protegiendo los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero que trabajen para contratistas federales en virtud de un decreto firmado por su predecesor, el ex presidente Barack Obama, en 2014.
«El presidente se enorgullece de haber sido el primer nominado del Partido Republicano en mencionar a la comunidad LGBTI en su discurso de asunción de mandato, prometiendo proteger a la comunidad de la violencia y la opresión», afirmó la Casa Blanca en un comunicado.
Con el anuncio de hoy, la Casa Blanca pone fin a los rumores acerca de que Trump quería eliminar la orden ejecutiva emitida por Obama en 2014 para proteger a los LGBTI contra la discriminación en los lugares de trabajo.
Esa orden «permanecerá intacta bajo la dirección del presidente Donald J. Trump», enfatizó la Casa Blanca.
Mediante esa orden ejecutiva, firmada en julio de 2014, el entonces presidente Obama convirtió en ilegal el despido de empleados de empresas subcontratadas por el gobierno federal por motivos relacionados con su orientación sexual o su identidad de género.
Las dudas
«Haré todo lo que esté en mi poder para proteger a nuestros ciudadanos LGBTI de la violencia y la opresión de una ideología de odio extranjera», prometió Trump durante su campaña, poco después de la masacre en junio de 2016 en una discoteca gay en Orlando, en las que murieron 49 personas.
Pero el discurso lo eclipsa las designaciones para su gabinete.
«Creo que debemos juzgar quién es y en qué cree basados en lo que ha hecho, y lo que ha hecho hasta ahora es nombrar al gabinete lleno de odio y más anti-gay que se pueda imaginar», indicó Camilla Taylor, consejera para Lambda Legal, una ONG dedicada a la defensa de los derechos civiles de la comunidad LGBTI.
El vicepresidente Mike Pence, por ejemplo, votó siempre en el Congreso contra el matrimonio gay y leyes contra la discriminación de homosexuales. Y aunque lo niega, se le señala de apoyar la «terapia de conversión».
Pero no es solo Pence, es también el fiscal general o la secretaria de Educación, que también tienen una larga trayectoria anti-LGBTI, resaltan los activistas.
