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Al declarar el cierre oficial de nueve cárceles municipales en Tabasco, el gobernador Arturo Núñez Jiménez subrayó que la medida conlleva el objetivo de acabar con la reclusión irregular, proteger los derechos humanos de personas procesadas y sentenciadas, y garantizarles servicios básicos de alojamiento en condiciones de vida dignas y seguras.
Esta disposición, que involucra a prisiones que contaban con una población menor a 50 internos y presentaban rezagos acumulados por más de tres décadas, les convierte en el primer estado del país en dar cumplimiento a la recomendación general número 28, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a todas las entidades, subrayó la tercera visitadora general del organismo, Ruth Villanueva Castilleja.
La enviada del ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, remarcó el interés y disposición del gobierno tabasqueño para rescatar la esencia de las garantías fundamentales, y construir un sistema penitenciario que los resguarde al tiempo que abone a la prevención y reinserción social de quienes purgan condenas.
Aquí se cumplen los preceptos constitucionales, no con eventos ni ocurrencias, sino con un trabajo que muestra el camino para lograr un régimen penitenciario sobre la base de los derechos humanos, alcanzar una efectiva reinserción social y evitar la reincidencia delictiva, estableció Villanueva Castilleja ante alcaldes e integrantes del Grupo Local de Coordinación en Materia de Seguridad.
A su vez, Núñez Jiménez precisó que el cierre de las cárceles de Teapa, Jalapa, Emiliano Zapata, Jonuta, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Paraíso, Balancán y de La Venta en Huimanguillo, forma parte del Programa Integral de Seguridad Pública 2016-2018, e implicó la reubicación de 296 internos hacia otros penales.
Adelantó que como parte de dicho programa, se aplicarán recursos del empréstito autorizado por el Congreso local en el mejoramiento de centros de reclusión que, entre otras obras, considera la construcción de un módulo de mediana seguridad en el Centro de Reinserción Social de Villahermosa (Creset), para el internamiento de personas que compurguen penas por secuestro.
Arturo Núñez resaltó la importancia de que el régimen penitenciario contenga condiciones mínimas, tanto en instalaciones físicas como en reglas internas de convivencia, porque ello ayudará a acabar con la impunidad y evitar que las cárceles se conviertan en escuelas del delito o en fuente permanente de reincidencia.
AVANZA REGIONALIZACIÓN PENITENCIARIA
En una ceremonia efectuada en el salón José Gorostiza de Palacio de Gobierno, el mandatario dejó claro que, también cuidando los derechos humanos de los victimarios, se protegen los de posibles víctimas futuras que podrían surgir de la atención inadecuada de un reclusorio.
Si impedimos la impunidad y la reincidencia, avanzamos en la reducción del delito y en la defensa de garantías fundamentales, puntualizó en el evento en que entregó a autoridades municipales las llaves de las instalaciones cerradas, de modo que en un futuro inmediato podrán utilizarlas en tareas de interés o beneficio local.
El secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, explicó que este cierre da paso a la regionalización de las prisiones, por lo que en Tabasco operarán centros de reinserción social (Ceresos) en Villahermosa, Huimanguillo, Cárdenas, Comalcalco, Macuspana y Tenosique, además de penitenciarías regionales en Tacotalpa, Cunduacán y Centla.
Con la medida, Tabasco acata la recomendación 28 de la CNDH sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, para que las personas que estén sujetas a proceso o compurgando una pena, lo hagan en términos integrales de seguridad, readaptación y reinserción social, dijo.
Comentó que como parte del Programa Integral de Seguridad, también se prevé el fortalecimiento del Protocolo Cárcel Segura, para reducir riesgos derivados de la existencia de objetos o sustancias no permitidas dentro de los penales.
