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Un juez federal admitió el martes una solicitud de los fiscales para que los extranjeros que se unan al equipo de defensa de Joaquín «El Chapo» Guzmán sean sometidos a un análisis por parte de las autoridades con el objetivo de evitar que sean miembros del Cártel del Pacífico y tengan acceso a pruebas confidenciales.
El juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn estableció que ese riesgo es «significativo» debido al historial de Guzmán de contratar a especialistas para expandir su negocio de tráfico de drogas.
Por lo tanto este requisito de aprobación previa es necesario», indicó el magistrado en su dictamen de siete páginas que fue difundido públicamente.
Estados Unidos acusa a Guzmán de encabezar un imperio de tráfico de drogas, brutalidad y corrupción. La defensa dice que no hay pruebas de que «El Chapo» haya cometido algún acto ilegal. El mexicano fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero.
En su decisión del martes el juez destacó, sin embargo, que el funcionario que analice el historial y credenciales de abogados, investigadores o traductores que pretendan unirse al equipo de defensa no sea algún fiscal del caso. Cogan señaló que podría tratarse de otro fiscal, como alguno del distrito sur de California o el distrito oeste de Texas, ya que allí también hay acusaciones pendientes contra «El Chapo».
Si el gobierno prefiere que la persona designada se encuentre en la corte federal de Brooklyn alguno de los fiscales del caso podría dejar de desarrollar esa función y pasar a ser el especialista que realice los análisis, estipuló Cogan. El juez dio un plazo de 14 días al gobierno estadounidense para dar el nombre y dirección de esta persona.
Los fiscales Robert Capers y Arthur Wyatt propusieron hace un par de semanas realizar el análisis de los extranjeros porque «si un abogado o investigador extranjero que también fuera un miembro del cartel de Sinaloa se uniera al equipo defensor, éste podría viajar a Estados Unidos, revisar las pruebas que están protegidas y viajar después fuera de Estados Unidos con esos conocimientos».
Agregaron que «por ejemplo, si un miembro del cartel viajara a Estados Unidos y conociera la identidad de un testigo colaborador mexicano podría después viajar a México con esa información y dar el nombre del testigo a otros miembros del cartel de Sinaloa que podrían secuestrar o matar a la familia de ese testigo».
Los abogados de oficio de Guzmán, Michael Schneider y Michelle Gelernt, criticaron la propuesta y la consideraron una «prohibición» a la entrada de extranjeros a su equipo. Schneider no respondió de forma inmediata a una solicitud de comentario por parte de AP.
