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Al final tuvo razón: Héctor Iturribarría, funcionario del Sistema Nacional de Seguridad Pública, le dijo al diario el 12 de noviembre de 2015 “no va a trascender” la acusación por violencia de género (la segunda en su historial) levantada por una subordinada, Laura Covarrubias, que lo acusaba de hostigarla por su embarazo y posterior maternidad.
Y sí, en efecto, el asunto no trascendió. La sanción recibida por Iturribaría fue una amonestación privada, es decir, un regaño y conminación de su jefe inmediato para que no repita sus acciones y la violencia de género fue desechada por quienes debían investigar el caso.
La denunciante, ex directora de Estadística, Laura Covarrubias, señaló que Iturribarría le mostró repetidamente su reticencia a tratar con una funcionaria mujer; le reclamaba tomar tiempo para la lactancia, irse al término de su horario laboral para estar con su hijo y terminó por excluirla de las juntas de directivos y solicitarle la renuncia. Para Covarrubias, el asunto era claro: lo que molestaba a su jefe era su embarazo y la combinación de obligaciones de funcionaria y de madre.
Un diario nacional documentó ampliamente el caso y la CNDH lo tomó en sus manos. De todo esto, hace 15 meses en los que la CNDH ha guardado silencio para que el interés público se diluyera.
Al final, Laura Covarrubias fue despedida de su empleo y para completar el cuadro, se intentó levantar contra ella un acta en la que debían firmar funcionarios que no estaban presentes el día de los hechos. Después, Iturribarría pidió la renuncia acompañada por un grupo de abogados que resultó no ser del Sistema Nacional de Seguridad Pública ni de la Secretaría de Gobernación (instancia a la que el Sistema está adscrito). Esto quedó registrado en una grabación de audio.
Héctor Iturribarría tenía antecedentes por acoso contra embarazadas. En la oficina de Gabino Cué, en Oaxaca, había maniobrado para tratar de demostrar, utilizando indebidamente expedientes médicos personales, que una de sus subordinadas era biológicamente incapaz de tener hijos. En aquel caso, ocurrido en 2011, el hoy funcionario de Seguridad Pública fue señalado por la propia CNDH de ser responsable de esas acciones indebidas.
En la segunda acusación por violencia de género salió mejor librado y su previsión (“no va a trascender”) fue correcta: no trascendió.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos tomó el caso para investigarlo el 12 de noviembre de 2015. Desde entonces, ha guardado silencio. La Comisión Nacional de Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres también recibieron el expediente sin que se reportara a la fecha alguna acción por parte de estas instancias.
Es el Órgano Interno de Control (OIC) del Sistema Nacional de Seguridad Pública el que actuó en torno al caso y sancionó con levedad a Iturribarría. Crónica tuvo acceso a los documentales del caso que continuó su curso ya lejos del interés público que despertó inicialmente.
Para el 15 de junio de 2016, según consta en los documentos oficiales, la acusación se refería a “prepotencia; falta de honradez, imparcialidad, lealtad, legalidad y eficiencia”. La violencia de género había desaparecido y así continuó hasta que se determinó sancionar a Iturribarría. Y así, con la violencia de género sin aparecer, Iturribarría fue sancionado por su conducta con una amonestación privada de su superior inmediato.
A partir de una solicitud de acceso a la información, realizada ya en 2017, Crónica pudo conocer que el Órgano Interno de Control determinó que el asunto terminara en “una amonestación privada (efectuada) el 13 de diciembre de 2016” y que esto fue derivado del “ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión, en su carácter de director general adjunto, “adicionalmente es de señalar que el servidor público no fue encontrado responsable de violencia de género”.
