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Durante la audiencia que se realizó en una Corte de Guatemala para definir el caso de Javier Duarte, el juez resaltó que el gobierno mexicano cuenta con 60 días para presentar la solicitud formal de extradición, de lo contrario el ex gobernador de Veracruz podría recuperar su libertad.
En la sesión, la fiscalía guatemalteca leyó detalles de las acusaciones de las autoridades mexicanas contra Duarte, a quien se le acusa de haber utilizado empresas fantasma y testaferros para adquirir propiedades y bienes de manera ilícita.
«Mientras usted fue gobernador organizó un complejo esquema para introducir recursos al sistema financiero mexicano fingiendo que era producto de venta de terrenos en Campeche», le dijo el fiscal José Galdámez al acusado frente a los tres jueces que integran el tribunal. El fiscal agregó que Duarte compró al menos nueve terrenos por unos 20 millones de pesos (casi un millón de dólares) a través de un testaferro con fondos supuestamente ilícitos”, explicó el juez.
Custodiado por más de 20 policías y ataviado con un chaleco antibalas, Duarte se presentó a la audiencia en la que rechazó aceptar o rechazar la extradición.
«No puedo allanarme toda vez (que) no conozca la solicitud formal del gobierno mexicano. Con esto no quiere decir que no me vaya a allanar. Primero debo conocer la solicitud», dijo el mexicano.
Tras no aceptar “allanarse” a una extradición hasta que su defensa no revise la solicitud formal de las autoridades mexicanas, Duarte de Ochoa continuará en la prisión civil de Matamoros, en la capital guatemalteca.
Junto a tres abogados defensores, Duarte escuchó los señalamientos sin pronunciarse.
