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El gobierno federal no destinó recursos este año al Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En entrevista, Patricia Colchero Aragonés, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, atribuyó esta situación “al desconocimiento de las necesidades del mecanismo”, pues, dijo, al delinear el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 se consideró suficiente un sobrante que se tenía en 2016 de este fideicomiso.
De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación del año pasado, la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, dependiente de Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, presentó un gasto total de 279 millones 934 mil 171 pesos, de los cuales se reportaron 35 millones 773 mil 920 para el rubro de servicios personales y 59 millones 160 mil 251 a gastos de operación.
Durante una reunión de trabajo con la Comisión especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados, Colchero Aragonés ya había alertado que no se etiquetaron recursos para el mecanismo de protección este año.
En el encuentro con legisladores realizado el pasado 6 de abril, la funcionaria federal aseveró que “políticamente no conviene de ninguna manera decir que el mecanismo se queda sin dinero”, pues, dijo, a escala internacional es un tema muy fuerte.
“Hay diálogo bilateral con la Unión Europea sobre el tema de periodistas y defensores. Estamos financiados por la Unión Europea, por Usaid (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, por sus siglas en inglés)”, aclaró.
—Es increíble que el fideicomiso no recibiera este año presupuesto por parte del gobierno federal. Verdaderamente raya en la locura, porque conforme el problema avanza, no avanza la protección como corresponde. ¿Cómo se explican ustedes la falta de ese apoyo? Políticamente hablando, cuestionó un diputado.
—Yo lo que creo que sucedió es que había un fondo, siempre hay un fondo. Al final del año, como es transanual, no sé si se dice así, sino que no se cierra en el ejercicio y entonces se devuelve el dinero y se queda en la bolsa, vieron una bolsa como de 200 millones. Entonces, dijeron: “Con esto pasa”. El problema es que la verdad no se calculó la tendencia al alza y además que no eran suficientes los recursos. Creo que eso pasó —puntualizó la funcionaria federal.
En dicha reunión, Colchero Aragonés dijo estar preocupada por esta situación e incluso preguntó a los legisladores si la Cámara de Diputados no podía otorgar una ampliación de presupuesto, pues el remanente con el que opera a la fecha el mecanismo se agotará entre septiembre y octubre próximo.
—Lo que sí podemos hacer es un llamado al Ejecutivo (…) Nosotros no tenemos las bolsas de dinero, las tiene el Ejecutivo y es el que puede hacer ese reajuste del presupuesto —enfatizó una diputada.
La titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob informó a MILENIO que este año se han duplicado la solicitudes de protección respecto al año pasado.
En promedio, en 2016 se incorporaron por mes a 10 personas al mecanismo de protección, en lo que va del año, y en particular en los últimos dos meses, se ha duplicado esta cifra, y la tendencia nos dice que eso va a seguir, puntualizó.
La funcionaria federal abundó que este 2017 se están gastando mensualmente 16 millones de pesos del fideicomiso, y estimó que el próximo se necesitarán hasta 20 millones, “porque van a entrar las medidas de apoyo psicosocial, y la idea no es restringir las medidas”.
Aclaró que ninguno de los periodistas que fueron asesinados en este años contaban con la protección del mecanismo, el cual consta en escoltas o teléfonos que funcionan como botones de alarma, entre otros.
LA PGR CAPACITÓ A MIL 579 COMUNICADORES
La PGR analizó 699 estudios de riesgo a periodistas emitidos por la Unidad de Evaluación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, de las que dio seguimiento a 20 medidas cautelares.
De acuerdo con el Programa Nacional de Procuración de Justicia, contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, se detalla que el año pasado se capacitó a mil 579 periodistas, estudiantes, directivos y dueños de los medios de comunicación en la aplicación del manual de Prevención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión.
Del mismo modo, a dos mil 564 servidores públicos de 29 fiscalías y procuradurías generales de justicia, con el objetivo de unificar los criterios para la debida aplicación de las leyes de protección a periodistas.
Asimismo, se capacitó a los servidores públicos para concientizarlos sobre la importancia del primer contacto de las víctimas con el Protocolo de Acciones Preventivas de Protección y la determinación de medidas cautelares.
