Sin sentencia el 40 % de los presos

[ Segunda parte ]

Cuatro de cada 10 internos en cárceles del país carecen de sentencia, según datos de la Secretaría de Gobernación.

De los 213 mil 318 reos del fuero federal y del común registrados hasta abril pasado, 80 mil 681 se encontraban en esta condición.

La proporción crece a la mitad si sólo se consideran los presos federales o las mujeres.

HUELE A DESOLACIÓN. Adentro están los relatos, donde huele a desolación y se agolpan cucarachas y roedores.

Es martes, día de visita en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. En la recepción cuelga un gran letrero con la advertencia: “Si es sorprendido otorgando dádivas a los funcionarios penitenciarios, se le suspenderá la visita”. Pero apenas en la primera revisión, el custodio en turno lanza sus redes: “Nomás le recuerdo que para que todo salga bien, hay que dejar para el chesco”.

Y el chantaje se repite en cada uno de los cuatro filtros a sortear…

Habrá de rentarse una mesa descascarada por 70 pesos (la cuota establecida por quienes administran el negocio) para escuchar a Rosa Isela Téllez de Anda, una vendedora de frituras de 37 años, quien ha pasado 2 años y 3 meses en prisión por el delito de trata de personas. Hasta ahora no ha recibido sentencia.

Aquí, encarcelada, fue madre por séptima vez… Tenía siete meses de embarazo cuando la detuvieron. El pequeño Jesús Guillermo cumplió ayer, 29 de mayo, dos años de edad. “Lo más doloroso es haber dejado a mis seis hijas solas, expuestas a un montón de peligros mientras me tienen aquí encerrada por algo que no cometí”, dice ella.

Su historia hace recordar la de las indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron arrestadas durante un operativo policiaco en el tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, donde vendían aguas frescas.

A aquellas tres indígenas las acusaron de secuestro, pasaron más de tres años encarceladas y recién la PGR debió ofrecerles una disculpa pública.

LAS CUOTAS. La estafeta, interna encargada de atender a las visitas carcelarias, promete traer a Rosa Isela en minutos. Por unas cuantas monedas, acepta hacer compañía durante la espera.

“Le puedo contar muchas cosas que suceden en el penal, no sabe qué de injusticias hay aquí, pero ahorita no, porque ando trabajando. Si quiere después me contacta”, ofrece.

—¿Y cómo? —se le pregunta.

—Apunte mi número.

—¿Tiene usted celular?

—Muchas tenemos, a ratos lo apagamos, pero a ratos también podemos usarlo. Los teléfonos son como la droga, fáciles de conseguir.

—¿Quién se los vende?

—Las mismas compañeras. Las mujeres que entran a la visita los traen escondidos en sus partes íntimas.

—¿Y los custodios?

—Con ellos no hay problema. Te cobran entre 2 mil 500 y 5 mil pesos por cada celular que te encuentran.

—¿Qué hay de la droga?

—Aquí en el femenil de Santa Martha hay siete internas que la venden en los dormitorios C, D y E. Casi todo cuesta 10 pesos: el toquecito de marihuana, la rayita de activo y los papelitos de coca. Las pastillas son más caras: 30 pesos cada una. No hay tanta bronca, hasta los niñitos de las presas saben de eso… Una de las vendedoras vive en mi celda, y cuando llega una clienta, su pequeña de cuatro años le dice: ¡Mamá, quieren un toque!…

MONTAJE. Pese a las angustias de prisión, Rosa Isela aparenta menos edad de la que tiene. Quizá por su cándida robustez. Llega con el pequeño Jesús Guillermo, entre lloriqueos por el deseo de una paleta.

“Vendía papas, chicharrones y fruta a las afueras del metro Tacuba”, cuenta la mujer, quien dejó a otras seis hijas de entre 12 y 20 años en el desamparo.

Al mediodía del 6 de marzo de 2015, una denuncia anónima derivó en un operativo policial en el corredor comercial donde ella montaba su puesto. La acusación refería la explotación sexual de mujeres en un local aledaño donde se vendía cerveza y algunas cortesanas llegaban a tomar y a bailar con clientes.

“Mi puesto estaba en la vía pública y no tenía nada que ver con esa lonchata. Los policías me preguntaron quién era. Soy comerciante, les dije mostrándoles mi credencial. De ahí sacaron mi nombre. Nos vamos a llevar a todas, dijeron. Incluso querían subir a mi hija de 14 años que en ese momento me acompañaba en la venta. Mi esposo estaba cargando mercancías en su camioneta y fue quien la rescató: llévenme a mí en lugar de la niña, y en el video se ve clarito como sueltan a mi chiquilla y lo agarran a él”. Don Antonio está recluido en el Reclusorio Norte.

Los policías detuvieron en total a siete mujeres y tres hombres, quienes fueron llevados al bunker de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Estaban ahí seis supuestas víctimas, pero en principio ninguna señaló de manera directa a Rosa Isela.

—¿Para qué se trajeron a esta mujer? —preguntaban los jefes policíacos a los ministeriales.

—Tiene que saber algo, le vamos a sacar la sopa –argumentaban.

—Yo jamás vi que ahí tuvieran a una persona a la fuerza, déjenme ir –pedía la mujer.

—Esto es de alto impacto, va a salir en los medios –era la respuesta.

“Alcancé a escuchar que un policía le dijo a una de las víctimas: si no la señalas a ella también te irás a la cárcel a comer ratas… Ellos ya sabían cómo me llamaba, porque se habían quedado con mi credencial. Al poco rato la muchacha cambió su versión y declaró: la señora Rosa Isela me dijo que me podía quedar a trabajar en el local… Todo fue montado”, describe la interna.

Rosa Isela fue enviada a Santa Martha el 8 de marzo de 2015, el Día Internacional de la Mujer.

Las seis víctimas fueron liberadas. Nunca ratificaron su declaración.

Jamás han vuelto a aparecer durante el proceso: todas dieron nombres, direcciones y demás datos falsos.

Rosa Isela ha promovido dos amparos en el Juzgado 45 del Reclusorio Norte: uno en contra de la detención arbitraria y otro por falta de elementos inculpatorios. En ambos casos recibió la protección de la justicia. Sin embargo, el Ministerio Público ha rechazado su liberación. Ante la falta de pruebas, accedió sólo a reemplazar el delito de trata agravante por el de trata simple.

“La sentencia se ha retrasado porque el expediente no tiene pies ni cabeza… Pero si el MP se aferra a sus teatros, me van a echar unos 15 años. ¿Y dónde queda en este país la justicia?”, expresa la mujer, de un temple visible y a quien sólo se le quiebra la voz al hablar de sus hijos.

“Abandoné a mis hijas a su suerte, sé que una de ellas anda en problemas y ni cómo ayudarla… Y ¿qué necesidad tenía mi bebé de nacer entre rejas y ratones? De repente se lo llevan mis hermanos, aguanta dos o tres días, pero pide regresar conmigo. No sabe que estamos encarcelados”.

Dos meses antes de la detención recibió una vivienda del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.

Aparece con él en una fotografía, en saludo cordial, como premio a su historial modelo en el comercio.

Pero la vida giró aquel marzo y paró aquí: sin hijas, sin esperanza y sin sentencia…