No hay países sin corrupción; incluso Finlandia, la nación con menor índice de casos, se preocupa por ellos y trabaja por combatirlos. Pero en el caso mexicano, es urgente legislar, pues los delitos de corrupción no son considerados graves, y eso constituye “una puerta a la impunidad”, donde los servidores públicos que incurren en delitos hacen sus cálculos y, a la larga, pagan una pena menor por sus crímenes. Tales son las reflexiones que juristas mexicanos e italianos generan en un encuentro, auspiciado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde el vínculo entre los sistemas de corrupción y el crimen organizado.
“La corrupción se da en el momento en que lo público y lo privado se vincula bajo un propósito criminal”, subrayó Filippo Di Benedetto, Procurador Substituto de Florencia; “Como en México, ocurre en Italia: la corrupción no es un delito grave”, relató el magistrado (fiscal) Piergiorgio Morosoni, y explicó cómo, en su país, el crimen organizado y las mafias encontraron espacios para crecer en áreas y zonas donde solo ocurrían pequeños casos de corrupción que parecían intrascendentes, “y para combatir el fenómeno se requiere de policías y fiscales y jueces especializados e independientes del poder político”.
¿Y EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN? “El Sistema Anticorrupción está listo: seis de sus piezas están en operación. Pero falta una: nada menos que el Fiscal”, alertó Jorge Antonio Luna Calderón, uno de los actuales candidatos a ocupar el cargo, “y no podemos enderezar nada en nuestra vida colectiva si no atacamos la corrupción.” Luna Calderón consideró que la corrupción no es erradicable al cien por ciento, pero sí es luchar por controlarla, y eso “requiere de la colaboración de la sociedad en su conjunto”. Coincidió con los juristas italianos en que uno de los problemas esenciales es que los delitos por corrupción no son graves. “Entonces, un funcionario público corrupto, hace su cálculo: lo que puede perder, los años que lo pueden inhabilitar o encarcelar, y en una de esas, ni siquiera tiene que devolver lo que haya obtenido ilegalmente: eso es darle la posibilidad de la impunidad”. Agregó que es imprescindible la autonomía en el combate a la corrupción, pues, de lo contrario, “entra el interés político” antes que la aplicación de la ley.
“Se necesita un cambio de estrategia en el combate al crimen organizado”, afirmó Martín Barón, investigador del Inacipe. “Si la Policía Federal reporta la detención de 75 mil acusados de ese delito y solamente puede probarlo en 2 mil 500 casos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Muy sencillo: hay complicidad, hay corrupción y hay impunidad”.