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La Asamblea Constituyente de Venezuela resolvió por unanimidad remover a Luisa Ortega Díaz como fiscal general, le prohibió salir del país y decidió embargar todos sus bienes.
“Queda removida de su cargo de fiscal general de la república la señora Luisa Ortega Díaz”, dijo entre aplausos Delcy Rodríguez, presidenta de la Constituyente, mientras delegados gritaban “traidora” y “la justicia llegó”.
El líder del oficialismo y uno de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, justificó la remoción de Ortega Díaz al considerar que “hay una inacción de la Fiscalía» y «Ortega se había convertido en centro de la injusticia».
Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques a Ortega Díaz, que será reemplazada por Tarek William Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro y actualmente Defensor del Pueblo.
La fiscal investigaba a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente, que esta mañana, también por unanimidad, resolvió que extenderá sus funciones por hasta dos años.
Esta mañana, la ahora ex fiscal, denunció que militares asediaban la sede del Ministerio Público, a un día de la instalación de la Constituyente y de recibir medidas de protección de la CIDH.
El viernes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el gobierno no reconoce, anunció el otorgamiento de medida cautelar de protección para Ortega, por considerar que su vida e integridad «enfrentan riesgo inminente de daño irreparable».
Ortega, para quien la Constituyente refleja «una ambición dictatorial», es una veterana chavista que se alejó del gobierno al denunciar que en Venezuela hay una ruptura del orden constitucional.
La funcionaria presentó varios recursos contra la Constituyente, todos desestimados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de servir al gobierno.
