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No solo los recursos que se dan a los partidos políticos crecen año con año. Elección tras elección aumentan también los topes de campaña en los procesos electorales.
En 2018, además de la elección federal, habrá elecciones locales en 30 entidades. En nueve de ellas se elegirá nuevo gobernador, incluyendo la Ciudad de México.
Cada uno de estos 30 estados fijará los topes de gastos de campaña para cada uno de los cargos que estén en disputa; en algunos casos suelen ser cientos de millones de pesos.
Una revisión puede dar idea de cómo será el tope de gasto en el siguiente año y lo que costará el voto de cada elector.
Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que entre el 2012 y el 2017, el voto más caro de una elección a gobernador fue el de Sonora, cuya elección ocurrió en el 2015 y resultó ganadora la priista Claudia Pavlovich, con 47.51 pesos por elector; el voto de la elección presidencial del 2012 fue de alrededor de 4.22 pesos.
El cálculo se obtuvo dividiendo el tope de gastos de campaña entre los electores de la lista nominal inscritos a la fecha de la elección, lo que da una idea de los recursos que se destinan a conseguir cada voto.
El Instituto Nacional Electoral afirma que el tope de gastos de campaña para el 2018, en la elección presidencial, será de 430 millones de pesos.
A partir de la reforma político electoral del 2014, el rebase de los topes de campaña constituye una causal de anulación de una elección.
Este año, la elección de gobernador en Coahuila todavía está por resolverse en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que hubo un rebase de topes de campaña, lo que es analizado por los magistrados.
Fórmulas desiguales
Uno de los rasgos de la determinación de los topes de campaña en los estados es que no existe una fórmula estandarizada para su cálculo.
Cada una de las 32 entidades federativas del país se rige por su legislación electoral local. Es ahí donde se determina la fórmula que se utilizará para definir el tope de campaña a la elección de cada cargo, desde ayuntamientos hasta la gubernatura.
En su nota estratégica “Topes de gasto de campaña en México”, los investigadores Edwin Ramírez y Raúl Zepeda, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), llaman la atención sobre que las mismas reglas de fiscalización se utilizan para todos los estados, pero no así se determinan los topes de campaña.
“La reforma político electoral de 2014 homologó la fiscalización a nivel nacional y estableció que el rebase de topes de campaña es una causal de nulidad para cualquier elección en México (…).
“Los criterios para calcular el tope de gastos de campaña presidencial no son los mismos que utilizan las legislaciones locales para elecciones de gobernador. Además, entre legislaciones locales no hay criterios homogéneos”, apuntan los investigadores.
Esa disparidad provoca que los topes de gastos de campaña no sean uniformes, aunque los gastos sí sean medidos con la misma vara.
Para mostrar la disparidad con que son determinados los topes de campaña, los investigadores dividieron el monto total de los topes entre el número de electores inscritos en la lista nominal, lo que da un parámetro para compararlos. Analizaron las elecciones a gobernador realizadas en el periodo 2012-2015.
Casi en todos los casos, las elecciones a gobernador han sido proporcionalmente más costosas que las de presidente de la República del 2012.
Mientras éstas tuvieron un gasto por votante de 4.22 pesos, la más cara fue la de Sonora, que costó 47.51 pesos, es decir, 11.2 veces más proporcionalmente.
La segunda elección más costosa fue la de Tamaulipas, que se realizó en 2016 y donde fue electo el panista Francisco García Cabeza de Vaca como gobernador. En esa entidad el voto de cada ciudadano apuntado en la lista nominal tuvo un costo de 42 pesos, 10 veces más que el presidencial.
En la elección en Querétaro del 2015, donde fue electo el panista Francisco Domínguez, el voto costó 40 pesos, 9.4 veces más que el federal del 2012.
Disparan gasto
Entre 2012-2017, casi todas las elecciones a gobernador han sido proporcionalmente más costosas que las de presidente de la República del 2012, que costó 4.22 pesos por voto:
>> Sonora 2015
47.51
Pesos costó el voto
11.2
Veces más que la presidencial 2012
>> Tamaulipas 2016
42
Pesos costó el voto
10
Veces más que la presidencial 2012
>> Querétaro 2015
40
Pesos costó el voto
9.4
Veces más que la presidencial 2012
Reglas distintas
Las reglas tan disímiles de cada estado para definir sus topes de gastos de campaña ocasionan que la asignación de recursos no tenga un parámetro uniforme.
Cada una de las 32 entidades aplica su propia fórmula para decidir cuánto dinero pueden gastar como máximo los candidatos de un cargo determinado.
A nivel nacional, el tope de gastos de campaña para la Presidencia de la República será el equivalente al 20 por ciento del financiamiento público de campaña establecido para todos los partidos a nivel nacional.
En Sonora, el tope se determina multiplicando el 45 por ciento del salario mínimo vigente por el número de electores inscritos en el padrón electoral.
Ese mismo parámetro del salario mínimo se aplica en otros estados, pero con diferentes porcentajes.
En Aguascalientes, Chihuahua y Morelos es del 25 por ciento del salario mínimo vigente; en el Estado de México, es el 34 por ciento; en Baja California Sur, el 35 por ciento; en Tamaulipas, el 55 por ciento.
Otras entidades utilizan el criterio del financiamiento público otorgado a los partidos políticos.
En Querétaro se otorga como tope de gastos el 80 por ciento de lo que se da a los partidos para actividades ordinarias; en Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala se fija por la mitad de esos recursos.
Otros estados utilizan parámetros demográficos y hasta de extensión de su territorio. Baja California es la única entidad que utiliza para el cálculo el Índice de Precios al Consumidor.
El único estado que establece un crecimiento automático del tope de gastos de campaña de elección en elección es Durango, donde se debe dar un aumento del 20 por ciento respecto al tope del proceso electoral anterior.
