Lo anunciaba Martha Vélez, secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transportes de la Secretaría General de Gobierno (SGG) de Puebla a mediados de septiembre: Cabify perdía todos los permisos de operaciones en el estado mexicano. De esta manera, y desde hace dos meses, la compañía de base española había estado apartada de las calles en la región a la espera de volver a obtener los permisos necesarios para operar. Tras solicitar de nuevo los documentos a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Cabify ha vuelto a recibir el visto bueno por parte de la institución y hoy, 10 de noviembre, por fin pueden volver a trabajar en Puebla.
Para dar el visto bueno, el Estado de Puebla ha tenido en cuenta las modificaciones en los términos de seguridad que Cabify ha implementado en México desde la retirada de sus permisos y ante el aviso de que otras regiones en las que opera podrían verse contagiadas por la situación. En términos generales, la plataforma de transporte ha añadido un botón de seguridad en caso de emergencia que conecta con el 911 directamente, además de poder disponer de un contacto de confianza, al que se le enviarán todos los datos del conductor de forma automática, en caso de que exista algún peligro en el trayecto.
A propósito de Mara Fernanda Castilla
Lo último que se supo de Mara Fernanda Castilla fue que, tras salir de un bar en Puebla, tomó un coche de Cabify en dirección a su casa y jamás llego a su destino. El coche y la aplicación, por contra, decían todo lo contrario. Ante esta situación, las primeras sospechas se enfocaron a una desaparición posterior al trayecto en coche; días después, el cuerpo de Mara era encontrado con evidencias de agresiones sexuales. Las pruebas forenses confirmaron algo que muchos ya sospechaban: que la última persona que vio con vida a Mara, el conductor de Cabify, había sido el culpable de su asesinato.
Tras echar balones fuera, Cabify asumió la responsabilidad de sus ejercicio sobre lo sucedido. La realidad es que Ricardo Alexis Díaz, el conductor culpable del asesinato, tenía antecedentes penales previos por «huachicolero», o robo de gasolina en México. Además de ser despedido de Uber por incumplimiento de los protocolos de seguridad. De haberse revisado los antecedentes muchos sostienen que este suceso no se hubiese llevado a cabo. En cualquier caso, a la espera de que se confirme la sentencia final, Díaz podría enfrentarse a 60 años de cárcel, 20 por violación y cinco por privación ilegal de libertad.
A partir de todos estos acontecimientos, y además de los incrementos de las opciones de seguridad para los usuarios, Cabify se ha tenido que aplicar en los controles a los conductores. Desde el asesinato de Mara, todos los choferes deberán presentar pruebas toxicológicas y recibir una capacitación contra el acoso sexual. Cada seis meses se repetirán las pruebas que se irán actualizando en una base de datos en tiempo real para evitar que conductores se cambien de plataforma, como ha sucedido en el caso de Ricardo Alexis.