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El Instituto Nacional Electoral (INE) perdió 800 millones de pesos en las modificaciones presupuestales decididas en la Cámara de Diputados, lo que fue calificado como algo inédito en la historia electoral del país por el organismo autónomo que debe organizar, monitorear y validar las elecciones del próximo año.
El recorte fue redondo, es decir, una tajada exactamente de 800 millones (sin pesos o centavos adicionales) toda vez que se trata de una reducción global, sin análisis sobre los rubros específicos en que el INE deberá ejecutar con menor presupuesto. Eso, en dónde impactará la redacción, aun está por verse.
Lo que es seguro es que los fondos de los partidos, prerrogativas y financiamiento público establecidos en la legislación mexicana no pueden sufrir merma por lo que será la operación del INE la que sufrirá las consecuencias.
Desde Campeche, donde el consejero presidente participaba en un evento público, Lorenzo Córdova indicó que no quiere hacer lecturas que implican tratar de ver un castigo al INE por parte de los partidos (recuérdese que el Instituto también los castigó monetariamente por violar normas legales), pero anunció que se trata de un asunto lo suficientemente importante para decidir una reunión urgente de la Comisión de Presupuesto.
Córdova Vianello señaló que es “preocupante que justamente para el año en el que el Instituto Nacional Electoral tendrá que organizar la elección más grande de la historia democrática de México, ocurra el recorte más grande de la historia a la autoridad electoral”.
El INE había realizado una serie de reuniones con la Secretaría de Hacienda para llegar a un monto que, se indicó durante el año, posibilitara una buena operación en un año, 2018, donde se conjuntan el mayor número de elecciones locales y federales. Sobre la cifra que Hacienda aceptó presupuestar, los legisladores recortaron los 800 millones de pesos.
“No es un asunto sencillo. La equivalencia de lo que supone esta reducción es de casi 24 mil casillas de las 166 mil“ que se deben instalar el próximo año, refirió el consejero para dimensionar lo que implica esta decisión, vamos a tener que cancelar partidas, procuraremos que todos los proyectos que se cancelen sean proyectos que no tienen que ver con el proceso electoral; que no se afecte la parte sustantiva, porque el INE va a trabajar para que ésta sea la elección no sólo mejor organizada, sino la que más y mejor garantice los derechos de los ciudadanos para que ejerzan su voto en libertad”.
Los diputados establecieron una salvaguarda que permitiría al Instituto Nacional Electoral recurrir a ampliaciones presupuestales por parte de la Secretaría de Hacienda, pero esto se da como una solución menor en un entorno de estrechez presupuestal y muchos requerimientos para revertir los daños de los sismos de septiembre.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación sale tablas con la inflación
Este instituto, creado en 2002 y posteriormente dotado de autonomía, tiene la tarea de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional desde el kínder hasta el bachillerato.
Es decir, está a su cargo saber hasta dónde el proceso de reforma educativa impacta realmente en lo que queremos, es decir, en el aprendizaje de los menores. El próximo año su presupuesto del Instituto aumentará, pero sólo en 6 por ciento, es decir, lo suficiente apenas para contrarrestar la inflación. Con los 1.2 mil millones de pesos asignados para 2018, es el segundo año en el que el INEE tiene un porcentaje similar de incremento presupuestal.
¡Súbele, súbele!
(y le bajaron a la Corte)
El Presupuesto de Egresos fue aumentado en gasto neto global en 1 por ciento por los diputados durante la jornada de jueves y viernes en la Cámara. Una larguísima lista de oradores en la madrugada del viernesdesfiló por tribuna para solicitar aumentos al gasto en educación, pueblos indígenas, carreteras, ecología, entre otros. Escaseo, en contrapartida, la referencia a aquellos rublos en los que hubo recortes. El INE fue un afectado, pero el Poder Judicial de la Federación se llevó un raspón de 6 mil 500 millones de pesos, específicamente en la Judicatura, la responsable del proceso de mejora en el funcionamiento de los juzgados.
