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El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, pidió a México rechazar la Ley de Seguridad Interior, ya que se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria.
Afirmó que es un proyecto muy preocupante y no es la respuesta adecuada para combatir el problema en materia de seguridad.
«La aprobación de un nuevo marco legal para regular las operaciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad ciudadana no es la respuesta adecuada. El actual proyecto legislativo podría debilitar los alicientes que tienen las autoridades civiles para asumir plenamente sus funciones en tanto que agentes de la ley», señaló en un mensaje dado a conocer en Ginebra, Suiza.
El proyecto de ley sobre seguridad interior fue aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de noviembre y se remitió al Senado, para su debate y adopción.
«Reconozco plenamente que México se enfrenta a un enorme problema en materia de seguridad, habida cuenta de la violencia y el temor que causan poderosas bandas de delincuentes organizados. Más de una década después de que las fuerzas armadas fueran desplegadas en la llamada guerra contra la droga, la violencia no ha disminuido y tanto agentes estatales como no estatales siguen perpetrando violaciones y vulneraciones de derechos humanos, incluso torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas», dijo a través de un comunicado.
En su visita a México en 2015, «las autoridades le dijeron que el despliegue inicial de las fuerzas armadas había sido inevitable, debido a la debilidad de algunos cuerpos policiales, y le aseguraron que estaban comprometidas a sustituir gradualmente a los efectivos militares movilizados por policías mejor preparadas, tanto en el plano federal como el estatal».
Sin embargo, advirtió, el proyecto de ley de seguridad no menciona en detalle la necesidad de fortalecer a las policías ni contiene una estrategia de remplazo gradual para poner fin al uso de las fuerzas armadas en tareas policiales.
«El proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados contiene varios elementos inquietantes, entre otros el hecho de que, en determinadas circunstancias, las autoridades civiles podrían colocarse bajo el mando de las fuerzas armadas. La autorización para asignar a las fuerzas armadas la ejecución de tareas policiales no va acompañada de los controles y la supervisión apropiados. Además la legislación carece de las garantías adecuadas, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, contra el uso ilegítimo, arbitrario o excesivo de la fuerza», indicó.
Zeid señaló que en las recomendaciones que formuló al gobierno mexicano tras su visita había hecho hincapié en la necesidad de promover una estrategia que fomentara la seguridad ciudadana, velara por que las políticas de seguridad se aplicasen con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos, investigara las presuntas violaciones y garantizara la rendición de cuentas por las vulneraciones cometidas.
Sugirió realizar un debate abierto e inclusivo sobre los problemas en temas de seguridad en México y plantear posibles soluciones con la participación activa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grupos de expertos y miembros de la sociedad civil.
«Como manifestó mi Oficina de México en la carta que envió al Senado, la ambigüedad del proyecto de ley es muy inquietante y se corre el riesgo de que sus normas puedan aplicarse de forma amplia y arbitraria. Estoy convencido de que, en vez de proseguir con el trámite de aprobación de esta ley, debería llevarse a cabo un debate abierto e inclusivo sobre los problemas de seguridad ciudadana en el país y sus posibles soluciones», afirmó Zeid.
El alto comisionado reiteró que la Oficina del ACNUDH en México está dispuesta a proporcionar asistencia técnica para fortalecer las capacidades de las autoridades civiles, a fin de que puedan abordar los graves desafíos a los que el país se enfrenta en materia de seguridad.
Apuntó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el UNICEF- México, ONU Mujeres-México, entidades de la sociedad civil y medios universitarios tienen la misma preocupación respecto al proyecto de ley.
