Senadores chapulines

Si hasta ahora la cara original del Senado ha cambiado en más de 20 por ciento desde 2012, el éxodo arreció en los últimos días del periodo ordinario y se prevé que antes de febrero, uno de cada cuatro legisladores propietarios haya abandonado su escaño, lo que convierte a esa Cámara en la del mayor número de chapulines en el último cuarto de siglo.

A la fecha, el Senado tiene ya 35 senadores suplentes (27.3 por ciento) y se prevé que en las próximas semanas pidan licencia cuando menos 10 más, lo que equivaldrá a 45 cambios de escaño, 35 por ciento del total de la cámara.

Comisiones relevantes como Justicia, Defensa Nacional, del Trabajo, Comunicaciones, Seguridad Pública o Energía se han visto impactadas por el chapulineo, dado que en algunos casos se ha acusado inexperiencia de sus presidentes en esos temas, a las que se suma ahora Hacienda.

De 128 senadores electos en los comicios federales de 2012, hasta ahora 21 ocupan otros cargos en el gobierno federal, son gobernadores o alcaldes u ocupan cargos diplomáticos; tres se fueron a su casa y cinco murieron en estos últimos años.

Además de que a Armando Ríos Piter se le concedió licencia dos semanas antes de terminar el periodo y ya está en funciones su suplente, Celestino Cesáreo.

Antes de terminar el periodo, el pleno concedió licencia también a la ex dirigente nacional del PRD Alejandra Barrales, quien busca la candidatura a jefa de Gobierno por la coalición Por México al Frente.

También pidió licencia el entonces perredista Fernando Mayans, para buscar la postulación de ese partido al gobierno de Tabasco, aunque la semana pasada anunció su renuncia al PRD y que se sumaba a Morena.

A punto de cerrar la última sesión del Senado el pasado 15 de diciembre, los senadores de Morena Rabindranath Salazar y Fidel Demédicis pidieron y se les concedió licencia para buscar la postulación de su partido a la candidatura de Morelos.

En la misma sesión, el coordinador priista Emilio Gamboa “destapó” a Lisbeth Hernández como la posible candidata de su partido a la gubernatura de esa entidad, al expresar que la gustaría levantar la mano a uno de los dos morenistas como abanderado de su partido, pero “como gobernadores, creo que no van a llegar, va a ser, sin duda alguna, o una compañera senadora que está aquí presente, de Morelos, que es espléndida compañera, o un compañero de mi partido”.

Y los que faltan

Aunado a ello, se espera que cuando menos otra decena pida licencia en los próximos días para irse a las campañas a buscar nuevos cargos.

El pasado miércoles, el priista veracruzano José Yunes fue postulado como precandidato a la gubernatura de Veracruz, al igual que días antes el partido de Morena destapó a Layda Sansores como su abanderada a la alcaldía de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Se prevé que en los próximos días y semanas, conforme a los estatutos de sus partidos, pidan licencia los senadores de las nueve entidades donde habrá elecciones para gobernador, como son Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Chiapas, Yucatán, Tabasco y Veracruz.

En Guanajuato buscará contender el senador Miguel Ángel Chico, presidente de la Comisión del Trabajo y quien dijo todavía no sabe cuándo sería, pues dependerá de que se emita la convocatoria; además entre los favoritos en las encuestas de su partido, figura el panista Fernando Torres Graciano, actual presidente de la Comisión de Defensa Nacional que con este cambio habría cambiado tres veces de titular en estos años.

Se prevé que el panista José María Martínez pida licencia para contender por las siglas de su partido en Jalisco.

En el caso de Puebla, el senador Javier Lozano ha dicho que contenderá por la candidatura del PAN porque aunque sea rebelde sigue formando parte de ese partido; mientras que en el caso del vice coordinador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, es prácticamente un hecho que será el candidato morenista, luego de ser nombrado el pasado mes de octubre como coordinador electoral en ese estado, aunque los estatutos de ese partido no obligan a pedir licencia antes de febrero.

En Chiapas también alistan maletas y solicitud de licencia el ecologista Luis Armando Melgar y el priista Roberto Albores.

Hasta el momento se han ido como gobernadores los panistas Javier Corral, Carlos Mendoza Davis, José Rosas Aispuro, Francisco Cabeza de Vaca, Alejandro Tello, Martín Orozco y Francisco Domínguez; así como los priistas Claudia Pavlovich, al gobierno de Sonora; Alejandro Tello Cristerna, a Zacatecas; y Omar Fayad a Hidalgo.

De alcaldes, Leticia Herrera, Fernando Yunes, Maki Ortiz; a dependencia del gobierno federal René Juárez, Mely Romero, David Penchyna y Eviel Pérez; al sector diplomático la senadora Blanca Alcalá; y a su casa Raúl Cervantes, Jorge Emilio González y Pablo Escudero.

Ante esa situación, las coordinaciones de PRI, PAN, del bloque PT-Morena y el presidente del Senado, Ernesto Cordero, han señalado que lo que no se logró en los anteriores periodos ordinarios de sesiones difícilmente transitará en el periodo de primavera.

Desdeñan congresos reforma para Fiscalía General

El año arrancó sin que un solo congreso local haya aprobado la reforma al artículo 102 que elimina el pase automático del titular de la PGR a la Fiscalía General, aprobado antes de concluir el periodo ordinario de sesiones del Senado.

De acuerdo al seguimiento oficial del Senado a las reformas constitucionales aprobadas, hasta ayer ningún congreso había discutido los cambios que determinan que una vez realizada la declaratoria de autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, la Cámara iniciará de forma inmediata el procedimiento de designación del Fiscal General.

El Senado publicó ayer en su página oficial que hasta el momento, aunque hubo congresos que trabajaron hasta los últimos días del año, no aprobaron los ajustes a la reforma política que debe transitar en cuando menos dos terceras partes del Constituyente Permanente para que se pueda promulgar.

Al respecto, la senadora panista y presidenta de la Comisión de Justicia dijo que la discusión no termina en este cambio y antes de concluir la legislatura se tendrá que legislar un modelo de procuración de justicia adecuado, “que responda a las necesidades de justicia del país, pues de ello depende en mucho la política de seguridad del país, una eficaz política de combate a la corrupción y garantizar a los mexicanos el acceso a la justicia”.

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