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En diciembre de 2017 el Senado de la República aprobó la Ley General de Biodiversidad, iniciativa emprendida por la senadora y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Comarnat), Ninfa Salinas Sada —hija de Ricardo Salinas Pliego— en octubre de 2016, que pretendía, entre otros objetivos, integrar a la legislación ambiental del país el “Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización”.
La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) impulsó una nueva ley que, de acuerdo con los expertos del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), entre otros, requería de mayor análisis y diálogo con la sociedad civil.
Especialistas de estas instituciones, junto con los del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente (Ceiba), constituyeron el Grupo de Trabajo sobre la Ley General de Biodiversidad con el objetivo de revisar el contenido del decreto y construir alternativas desde su ámbito de especialidad. El grupo denunció la forma en que se aprovechó la delicada coyuntura que implicaba la aprobación de la Ley de Seguridad Interior para desviar la atención de la opinión pública sobre la Ley de General de Biodiversidad.
No obstante, lograron incorporar diversas de sus sugerencias, como la incorporación del Principio Precautorio, que no había sido contemplado por dicha ley, esencial para la protección de la biodiversidad y el ejercicio del derecho humano a un medio ambiente sano. Ahora, la minuta se analiza en la Cámara de Diputados y se busca autorizar en fast track, denuncian organizaciones civiles que conforman la Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, que se compone por más de 200 organizaciones.
De acuerdo con esta coalición, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), en voz de su titular, José Sarukhán, se ha pronunciado en contra de la iniciativa.
DE APROBARSE… Aunque se trata de una “versión sustantivamente distinta y mejorada respecto del proyecto original de octubre 2016”, quedan muchas pautas y puertas abiertas para privatizar y explotar la biodiversidad del país, así como el conocimiento y territorio de pueblos indígenas, refieren representantes de la sociedad civil.
“Es vergonzoso, ilegítimo y reprobable la forma en que actúan los legisladores del PVEM y del PRI, quienes buscan aprobar la ley a puerta cerrada y en fast track, dejando que intereses particulares contravengan la protección de la biodiversidad mexicana”, señaló en conferencia Óscar Vélez, de la organización Revive México.
Refirió que la Ley General de Biodiversidad, como se mantiene ahora, da pauta a una sobreexplotación de especies y recursos naturales, elimina prohibiciones y abre espacio a vedas temporales, especialmente en las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Las medidas incluso permitirían la posesión de especies silvestres como mascotas y la explotación minera, “pero son algunas de las tantas particularidades que tiene detrás esta ley”.
El Estado podría concesionar territorios naturales y cobrar a las comunidades por “proteger” la zona, el agua, la captura de CO2 e incluso la conservación de especies. Así de ambigua es la ley en parte sensible de su contenido, advirtió Carlos Ávila, especialista en ecología forestal de la Universidad Veracruzana, quien además dijo que en las ANP se cambia el estado de conservación e investigación de las zonas de “exclusiva” a “prioritaria”. “Eso abre muchas posibilidades a miles de cosas, entre ellas la minería”.
Señaló también que la ley permitiría el patentamiento de genes y conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, quienes han conservado esos recursos. “La biodiversidad se compone de bosques, selvas, captación de agua, captura de CO2, plantas medicinales y alimenticias, pero también de microorganismos con aplicaciones potenciales que a veces desconocemos”.
En la Sierra Santa Marta, en la Reserva de la Biósfera de los Tuxtlas, su área de investigación, existen microorganismos que pueden controlar plagas en pastos, conocimiento que a muchas transnacionales les interesa, ejemplificó.
INDÍGENAS, FUERA. Aunque ha habido logros en estos temas para beneficio de las comunidades indígenas, la nueva ley generaría retrocesos, explicó Gustavo Sánchez, de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. “La ley forestal reconoce derechos sobre tierras y recursos de plantas y servicios de la biodiversidad; mientras ésta reconoce a los pueblos indígenas como titulares de esos derechos, la Ley General de Biodiversidad señala que estos recursos son propiedad de la nación, es decir, hace difuso el derecho y da paso a que el gobierno otorgue concesiones a intereses privados”.
De acuerdo con David Ruiz, de la Red Nacional Indígena, la ley se perfila como un instrumento que potenciará la explotación de los recursos naturales y biodiversidad, lo cual transgrede el principio mismo de conservación, vulnera la soberanía del país y violenta el derecho humano de los pueblos indígenas, a quienes jamás se consultó. “No lo hicieron y ahora pretenden aprobarlo en fast track, lo cual violenta a los pueblos indígenas, pero también a todos los mexicanos”.
Ruiz enfatizó que la actual Ley General de Biodiversidad beneficiaría a la industria biotecnológica, farmacéutica, cosmética y alimentaria, mediante la apropiación y explotación de los recursos naturales, y además legaliza la “biopiratería” para que terceros se apropien del conocimiento de los pueblos indígenas. Adicionalmente, abre la posibilidad de aprobar la tala inmoderada y extracción de hidrocarburos, así como de la minería en zonas protegidas. “Esta ley, como está articulada, provocará diversas controversias inconstitucionales y no permitirá avanzar en el cuidado de la biodiversidad”. Por lo tanto, los representantes de la sociedad civil exhortaron a los legisladores a reconsiderar la aprobación de esta ley y se haga un proceso de reingeniería y consulta pública.
“Los diputados —encabezados por Arturo Álvarez Angli (PVEM), presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados— trataron de aprobar esta iniciativa el pasado jueves 22 pero no tuvieron quórum. Ahora, amenazan con intentar de nuevo el ‘albazo’”, dijo Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida y quien vincula el avance de esta ley con los intereses del Grupo Salinas, involucrados en sectores energéticos y mineros.
“La semana pasada estuvimos con la Comisión de medio ambiente, verificando que los propios diputados del PRI, que estaban tomando su puesto como suplentes, desconocían la iniciativa. Firmaron de inmediato.
“Seguiremos vigilantes del proceso porque esta ley es inconstitucional puesto que pasa por encima del artículo 27 y porque es regresiva con todo lo que se ha avanzado en materia ambiental. Confiamos además en que la sociedad se involucre cada vez más y se realice una consulta amplia que nos incluya a todos”.
