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Cada año, alrededor de 253 mil armas de fuego, cruzaron de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México; son tres estados principalmente de la Unión Americana los que se han convertido en los principales abastecedores de armas de alto poder los que distribuyen al crimen organizado en nuestro país.
De esta cifra, unas 139 mil, es decir el 56%, fueron utilizadas en uno de los 57 mil homicidios cometidos en México desde 2013 al 2016, según información de la organización American Friends Service Commitee (AFSC),
Sin duda alguna, el acceso de organizaciones del crimen organizado a estas armas, es un factor que suma al incremento en los niveles de violencia en nuestro país , donde en 2017 se observó el nivel más alto de homicidios de los últimos 20 años, según un análisis del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB).
De hecho en el 2017, la tasa de homicidios en México donde estuvo involucrada un arma de este tipo alcanzó una tasa de 20.5 homicidios por cada 100 mil personas.
Sin embargo, la polarización que vive la sociedad de norteamericana, tanto por el gobierno de Estado Unido que encabeza Donald Trump, así como por la regulación de armas, complica por lo menos en el corto plazo una solución integral que pase por una legislación en la materia, advierte el CEIGB.
“Los esfuerzos que han surgido a través de los años en el Congreso para regular la venta, posesión y compra de armas, se han visto entorpecidos gracias a una creciente polarización partidista y falta de voluntad por parte de un importante número de legisladores”, afirma el centro de estudios.
El documento reconoce que ya se ha “demostrado que tanto en Estados Unidos como en México, el acceso a las armas, especialmente en entornos que muestran inestabilidad, provoca mayores efectos de violencia e inseguridad”. Por lo tanto, “es necesario que los dos gobiernos continúen reconociendo el verdadero peso que tiene el tema en la vida interna de ambos países”, a fin de hacerle frente al problema de la forma en que lo amerita.
Hace notar que la situación de las armas de fuego en Estados Unidos afecta directamente a México, “ya que Estados Unidos es su principal abastecedor de armas tanto legales como ilegales”.
Esto es claro si se observan las estadísticas, según las cuales la “mayoría de las armas de fuego recuperadas de 2009 a 2014 en México” se compraron en Estados Unidos, y específicamente en tres estados: Texas, California y Arizona.
Estos tres estados fronterizos representan a más del 15% de los traficantes y prestamistas de armas con licencia en el país.
Entre ellos destaca California, donde la regulación sobre armas de fuego permaneció tras el final del Federal Assault Weapons Ban en 2004, y donde se presenció un incremento de 5% en las ventas de armas de fuego durante el periodo 2005 y 2006; mientras que en Arizona, Texas y Nuevo México se registró un incremento en ventas combinadas del 15% en el mismo periodo.
Esta diferencia es aún mayor cuando se analiza específicamente a los rifles, categoría de armas que se incluye bajo “armas de asalto”. Por ejemplo, los datos muestran que la producción de rifles se duplicó después de 2004 en los estados fronterizos, con excepción de California, donde el la producción se mantuvo a niveles de 2004.
El informe recuerda que los gobiernos de ambos países han reconocido que “los impactos devastadores de las armas que caen en las manos equivocadas trascienden nuestras fronteras, y la mayor disponibilidad de armas estadounidenses ha alimentado a organizaciones criminales transnacionales que operan en países con antecedentes de violencia extrema, como México”.
Y es que casi la mitad de las armas recuperadas en México son rifles semiautomáticos, como las variantes AK y AR. A esto se debe sumar el hecho de que el contrabando transfronterizo resulta en grandes márgenes de ganancia asociados con la venta de armas, de entre 300-500%.
Los investigadores del CEIGB recuperan algunos de los más recientes esfuerzos bilaterales para detener el flujo ilícito de armas estadounidenses hacia México, tales como la carta firmada por diversos legisladores estadounidenses hacia los gobernadores de los estados fronterizos, o la declaración conjunta entre los gobiernos de Washington y la Ciudad de México en 2017, en la que se reconoce el impacto nocivo de las armas en la relación bilateral y “se argumenta la necesidad de establecer mayores controles”.
La relevancia del tema, ha sido durante los últimos años un asunto prioritario en la agenda bilateral, el cual, es uno de los principales objetivos de negociación por parte de México en medio de las inconformidades estadounidenses en cuestión migratoria.
