CANDIDATOS PODRÁN PEDIR SEGURIDAD: SSP

Los candidatos locales a cargos de elección popular, podrán solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública, protección –en caso de requerirla-, por amenazas en su contra o manifiesten algún riesgo en su integridad física durante el proceso electoral en marcha.   

Hasta ahora, solo dos aspirantes a alcaldes han hecho la solicitud formal ante la dependencia, confirmó el titular de la SSP, Jorge Alberto Aguirre Carbajal.

A nivel nacional, derivado del acuerdo firmado entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), para garantizar la integridad física de los abanderados políticos durante el proceso comicial, solo los candidatos presidenciales, José Antonio Meade y Margarita Zavala, así como el candidato a gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, han presentado una solicitud ante las autoridades electorales.

La misma solicitud la presentaron ocho candidatos a diputados federales, según confirmó el INE, no obstante, las peticiones fueron turnadas a la Secretaría de Gobernación para que se analicen y se dictaminen conforme al protocolo de seguridad para candidatos.

En el documento del acuerdo marco se estableció que la seguridad para los candidatos presidenciales de los partidos y coaliciones correrá a cargo del Estado Mayor Presidencial, mientras que para los aspirantes a diputados federales y senadores que manifiesten algún riesgo a su integridad, la seguridad la brindaría la Policía Federal.

En el caso los abanderados locales (candidatos a gobernador; diputados locales y presidentes municipales), la seguridad es por parte de las corporaciones policiacas estatales.

La manifestación de riesgo deberá suceder una vez que los partidos hayan declarado formalmente a sus candidatos, y comiencen las campañas políticas, según lo establece el convenio.

Para ello, los candidatos deberán notificarlo a la presidencia del INE, quien a su vez lo comunicará a la Secretaría de Gobernación, donde se analizará el riesgo a través de la Comisión Nacional de Seguridad, instancia que determinará las medidas de protección, como escolta perimetral, personal o familiar, uso de chalecos antibalas y automóviles blindados, entre otras medidas de protección.

El convenio de colaboración entre el INE y la Segob también establece un mecanismo para que los funcionarios del órgano electoral (capacitadores y vocales ejecutivos, entre otros) puedan denunciar, durante cualquier momento del proceso electoral, algún tipo de delito, ya sea en su contra o bien de la propia elección.

CASOS A NIVEL NACIONAL

Aunque el caso de Tabasco es muy distinto a otros estados del país, que son considerados como “focos rojos” durante el proceso electoral, desde el año 2016 a la fecha – según registros de archivos periodísticos y de las autoridades – se tienen contabilizados a nivel nacional más de 100 asesinatos de autoridades locales, ya sea electas o en funciones. También han ocurrido 30 homicidios contra candidatos, y múltiples casos de violencia política de género.

Desde el magnicidio ocurrido en 2011 en contra del entonces candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, la seguridad para los candidatos es un tema que ocupa a todos los partidos políticos.

En 2015 se llevó a cabo la última elección federal, la cual transcurrió bajo una serie de actos de violencia cometidos contra candidatos de los principales partidos políticos.

Uno de los casos fue el asesinato de Miguel Ángel Luna Munguía, entonces candidato del PRD a diputado federal por el Distrito 32 en Valle de Chalco, Estado de México.

El 14 de mayo de 2015 fue asesinado Enrique Hernández Salcedo, candidato de Morena a la presidencia municipal de Yurécuaro, Michoacán.

En Huimanguillo, Tabasco, fue asesinado Héctor López Cruz, candidato a regidor del PRI, así como Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI-PVEM a la presidencia municipal de Chilapa, Guerrero.

También fue secuestrada, y unos días después apareció sin vida, Aidé Nava González, precandidata el PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero.

Asimismo, Carlos Martínez Villavicencio, precandidato del PRD a la diputación federal por el distrito de Tlaxiaco, Oaxaca, fue ultimado en aquella entidad federativa.

El más reciente fue el homicidio del alcalde del municipio de Jilotlán de Dolores, Jalisco, Juan Carlos Andrade Magaña, quien pretendía reelegirse en el cargo.

Solo hay dos solicitudes: Aguirre Carbajal

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Alberto Aguirre Carbajal informó que tiene dos solicitudes de elementos de la SSP para resguardar a igual número de candidatos, dijo también que hay 126 efectivos, distribuidos en las 21  juntas distritales.

Acentuó que las peticiones para asignar seguridad a candidatos no son para el cargo a gobernador, sino para quienes aspiran a ser presidentes municipales. Dijo  que la seguridad para los abanderados a diversos cargos de elección popular está garantizada.

Por cuestiones de seguridad comentó que no dará a conocer cuántos elementos  serán asignados para el resguardo de los candidatos.

PROTOCOLO

El Estado Mayor será el encargado de resguardar seguridad de los presidenciables

La Policía Federal a los candidatos a senadores y diputados federales

Seguridad Pública estatal a los candidatos locales

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR PROTECCIÓN?

Cualquier candidato que haya recibido amenazas en su contra o manifiesten algún riesgo en su integridad física durante el proceso electoral en marcha   

¿QUÉ SE ELEGIRÁ EN TABASCO?

• Un gobernador
• 35 diputaciones locales
• 17 alcaldías

¿Y A NIVEL FEDERAL?

• Un Presidente de la República
• 128 senadores
• 500 diputados
• 3,400 cargos en total

Fuentes: INE, SSP

El equipamiento con el que cuenta la Secretaría de Seguridad Pública también podrá ser utilizado por quienes buscan un cargo de elección popular para su protección

También existe la opción de contratar escoltas o guardaespaldas, pero correrían a cuenta de los postulantes

FOTO AGUIRRE: VÍCTOR EK MAY

LOS CUIDA EL ESTADO MAYOR

Según los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, solo los candidatos a Presidente de la República pueden ser resguardados por el Estado Mayor Presidencial siempre y cuando estos soliciten dicha protección