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La iniciativa “mocha manos”, que materializa ante el legislativo la “oferta” del candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, de mutilar a los funcionarios públicos que cometan delitos en contra del erario, ya fue presentada por el diputado federal del PRI por Nuevo León, Jesús Gilberto Rodríguez Garza.
El diputado no se quedó ahí, ya que, además, plantea en su iniciativa aplicar la pena de muerte por los delitos de homicidio “grave”, homicidio en contra de policías o elementos de las Fuerzas Armadas, enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de alto nivel, narcotráfico, secuestro, violación y “genocidio traición a la patria”.
Se trata de una reforma para anexar dos párrafos al Artículo 22 de la Constitución, a fin de eliminar de las penas prohibidas, la muerte y la mutilación.
Plantea expresamente “mochar la mano” a quienes desde las altas esferas del poder cometan delitos en contra del erario público.
Para fundamentar su proyecto, Rodríguez Garza recurre a los resultados de tres casas encuestadoras, aunque no precisa siquiera su fecha de realización.
Consulta Mitofsky, por ejemplo —dice el legislador priista—, señala que 7 de cada 10 mexicanos “se encuentran en favor de la pena capital como sanción por la comisión de delitos graves como la violación, el homicidio, robo de niños y el secuestro.
Parametría —aquí sí señala que la encuesta es del 2012—, indica que el 54 por ciento de los mexicanos encuestados está a favor de la pena de muerte, “principalmente para castigar los delitos de violación, homicidio y secuestro”.
Y la compañía Dafoe, que —dice—, realizó un estudio de opinión pública a fin de conocer los niveles sociales de aprobación o desaprobación de la pena de muerte en México, de donde se desprende que el 56 por ciento de los encuestados manifestaron estar a favor de ese castigo.
Por otra parte, el diputado tricolor señala en su iniciativa que es necesario darle fortaleza y respaldo a los policías y Fuerzas Armadas, “ya que tampoco son respetadas las instituciones de procuración de justicia.
“Militares fallecidos 189, y 103 lesionados —de 2012 a 2017—, mientras que, en el mismo periodo, añade, la Secretaría de Marina gestionó 193 pensiones a deudos de marinos caídos en el cumplimiento de su deber”, puntualiza.
Aclara que la pena de mutilación se lleva a cabo en la actualidad en países como Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Emiratos Árabes Unidos, Rusia (Chechenia), Irak e Irán, así como Kenia, Libia, Nigeria, Singapur, y Somalia, además de Sria Lanka, Sudán, Tanzania, Yemen y Zimbawe.
En cuanto a la pena de muerte, apunta que en Estados Unidos hay 42 delitos que se sancionan con esa pena, entre otros los atentados en aeropuertos, tiroteos donde mueran personas y se esté relacionado con las drogas, asesinar a miembros del Congreso el espionaje, asesinar durante un secuestro o a rehenes, y asesinar a un ciudadano norteamericano en el extranjero.
El texto constitucional vigente del Artículo 22 señala: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca de los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que se sanciones y al bien jurídico afectado”.
