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A menos de seis meses de concluir su gestión, el gobierno de la República intentará dar el “último jalón” para frenar la inseguridad en la frontera sur y minar el paso a más de un millón de semovientes que de manera ilegal entran al territorio mexicano, por el lado de Chiapas y Tabasco.
De acuerdo a asociaciones ganaderas locales e informes de inteligencia militar, el creciente flujo de ganado centroamericano genera en promedio ganancias mensuales por 34 millones de pesos, y en un año, cerca de 400 millones, pero lo más grave es que pone en peligro la sanidad del hato bovino mexicano y en especial de las entidades de Tabasco y Chiapas, por donde cruza.
Ante la creciente problemática, en abril de este año, el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, anunció el envío de la Gendarmería de la Policía Federal para reforzar la seguridad en la frontera sur de México.
En la sede de Segob, donde se reunió con el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, se acordó el plan de reforzamiento de la seguridad en la frontera para evitar el cruce ilegal de personas provenientes principalmente de Centroamérica, quienes en muchos casos huyen de la violencia en sus países, así como evitar el contrabando de toda clase de mercancía y productos ilegales.
Sin embargo, la estrategia no es asunto nuevo, porque desde el 2013, en el marco de una visita a Chiapas, el entonces titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que la Secretaría de Marina encabezaría las acciones del programa integral de desarrollo en la frontera sur-sureste, el cual tiene como objetivo atender y combatir la situación de inseguridad generada por las bandas del crimen organizado.
En julio del 2014, el presidente Enrique Peña Nieto, ante el presidente de Guatemala en turno, Otto Pérez Molina, puso en marcha el Programa Frontera Sur, cuyo propósito estaría encaminado a proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región.
No obstante, en la cúpula ganadera existe preocupación porque ninguna de estas acciones ha podido frenar el contrabando de semovientes.
Información sensible a la que tuvo acceso Novedades de Tabasco revela que el ganado introducido al país pasa a través de pangas ubicadas sobre los márgenes del río Usumacinta. Las mandan hacia Chiapas y Tabasco. Llegan a ocho cruces informales en la frontera de Guatemala con México para ser marcadas con hierros apócrifos y sus propietarios reciben documentos que las acreditan como legales.
El robo de ganado creció en el sur del país conforme avanzaba el sexenio de Felipe Calderón. En septiembre de 2010, ganaderos de al menos 11 estados de la república denunciaban el crecimiento de esta actividad que comenzaba a repuntar en 2008.
Solo en Tabasco, entre el 2015 y 2018, la Fiscalía General del Estado inició 2,914 carpetas de investigación por el robo de animales bovinos, situación que ubica a la entidad en primer lugar nacional en ese tipo de delito, esto según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Tabasco es parte de la ruta
El presidente de la Asociación Ganadera Local de Centro, Oliver Falcón, señaló que al año ingresan por territorio tabasqueño hasta un millón y medio de becerros en pie procedentes de Centroamérica.
De esa cantidad, apuntó, por lo menos 200 mil son utilizados para su consumo en el estado y el resto pasa hacia otros mercados del centro y norte del país para su engorda.
“Lo que está transitando día a día es el ganado centroamericano, y Tabasco es la ruta, todo el ganado que pasa por Benemérito de las Américas de Chiapas o por Tenosique entra por ahí, ya que Tabasco no tiene estatus de exportación, o no exporta becerros, tendrá 20 o 30 años que no exporta”, afirmó.
Mientras tanto, comentó que se habla de que entran un millón y medio de cabezas al año, las cuales van para engorda a diversos estados del país.
Falcón Morales comentó que esto se tiene detectado, pero los que manejan esos envíos siempre buscan la forma o llevan a cabo arreglos con instancias federales, como la Sagarpa.
SE DESPLOMAN LOS PRECIOS
Joel Rubio
La entrada de más de un millón de reses ilegales ha afectado a la ganadería regional provocando que caigan los precios de la compra en pie y la leche.
Walter Seiner Herrera Dagdug, presidente de la Ganadera Local de Huimanguillo, indicó: “Esto viene a bajar los precios de los becerros porque se queda mucho ganado aquí, y a muy bajo costo. Un ejemplo es la aduana Dos Bocas que está en el entronque de Palenque, hay una Estación Cuarentenaria donde se deberían retener las reses provenientes del extranjero y realizar las pruebas sanitarias correspondientes, no que cada vez pasan más jaulas cargadas de ganado y regando estiércol y orín por todo el territorio tabasqueño sin saber que estos animales vienen con enfermedades porque no les hacen el debido procedimiento”.
Los precios se han desplomado, el ganado en pie se vende en 44.50 pesos, cuando debería estar en 60 pesos, y el litro de leche a los productores se lo pagan en 4.50 pesos, debería estar en 8.
Tan solo Huimanguillo, tiene una producción de leche diaria de 100 mil litros, la falta de compradores afecta a los productores.
Herrera Dagug señaló que no existe el valor agregado para los productores de carne y leche porque no hay una planta procesadora de leche ni frigorífico. El producto local no se vende, “vienen procesadoras de cortes americanos como la empresa Sukarne y se llevan toda la producción animal y mandan la carne empaquetada a las tiendas comerciales. Y nosotros no podemos ni surtir nuestro mercado local ya que no tenemos a quién venderle ni quien nos compre directamente”, lamentó.
«Esto viene a bajar los precios de los becerros porque se queda mucho ganado aquí, y a muy bajo costo”
Walter Seiner Herrera Dagdug
Presidente de la Ganadera Local de Huimanguillo
Pasa a través de pangas ubicadas sobre los márgenes del río Usumacinta, los marcan con hierros apócrifos
