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Tras destaparse los desvíos en recursos públicos, en 2017 los contratos por adjudicaciones directas entre dependencias federales y universidades fueron de dos mil 659 millones de pesos, 79.3% menos que en 2013, año en que se asignaron 12 mil 869 millones de pesos.
Avances de la investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmaron que entidades de la administración pública federal y universidades subcontrataron empresas fantasma o compañías que no cumplieron con los servicios.
En esta indagatoria están involucrados 85 funcionarios, de los cuales 15 ya fueron sancionados, a 21 no les fincaron responsabilidad, 14 están sujetos a proceso y uno falleció.
El documento evidencia que universidades públicas hicieron subcontrataciones que excedieron 49% del monto total del contrato, lo que es ilegal. La SFP no precisa las instituciones que incurrieron en el modus operandi, pero este diario ha documentado casos que involucran a la Sedesol, Sagarpa y la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre otros.
85 FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN DESVÍOS A UNIVERSIDADES
La SFP detecta pagos improcedentes y la no realización de trabajos contratados; el monto de los compromisos por adjudicación directa disminuyó 79.3%, según la dependencia
El monto de los convenios y contratos por adjudicaciones directas de las dependencias federales y entidades públicas disminuyó en 79.3% del 2013 al 2017 luego de que se identificó el modus operandi de corrupción en el que incurrieron entidades de la administración pública federal y universidades que subcontrataron a empresas fantasma o compañías que no cumplieron con los servicios; en estos ilícitos están involucrados 85 funcionarios, de los cuales sólo 15 han sido sancionados.
Los avances de la investigación a cargo de la Secretaría de la Función Pública (SFP) evidencian que universidades públicas hicieron subcontrataciones que excedieron 49% del monto total del contrato, lo que es ilegal; subcontrataron a empresas fantasma y celebraron contratos distintos al objeto de la institución. Además, no se realizaron los trabajos contratados, hubo pagos improcedentes y las dependencias federales no aplicaron las penas convencionales ante las irregularidades.
Los avances de la Secretaría a cargo de Areli Gómez delatan que en estas irregularidades hay 85 funcionarios involucrados, 15 de ellos ya fueron sancionados, 21 no tienen responsabilidad, 14 están sujetos a procedimiento y uno falleció.
INSTITUCIONES
Aunque la SFP no precisa las instituciones que han incurrido en el modus operandi, este diario ha documentado casos detectados por la Auditoría Superior de la Federación que involucran a la Sedesol, Sagarpa, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conagua, Sedatu, ISSSTE, Conapesca, Pronósticos para la Asistencia Pública, Comisión Federal de Electricidad, Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad Politécnica de Texcoco y la Universidad Técnica del Sur de México, entre otras.
Ante la alerta del modus operandi, a nivel federal se ordenó la reducción de contratos con universidades por adjudicaciones directas, lo que propició que en 2017 se llevaran a cabo contratos por 2 mil 659 millones de pesos, 79.3% menos recursos que en 2013, cuando el monto involucrado fue por 12 mil 869 millones de pesos y año en el que comenzaron a detectarse los desvíos de recursos públicos.
Aunque el monto involucrado fue menor en 2017, aún hay focos encendidos porque ese año se firmaron 798 contratos o convenios por adjudicaciones directas entre dependencias y entidades públicas.
En 2010 se firmaron mil 39 contratos y convenios sin licitación de por medio, mil nueve en 2011, 891 en 2012, mil 80 en 2013, 993 en 2014, 838 en 2015, 769 en 2016 y 798 en 2017.
La SFP afirma que la contratación es legal al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público: “El problema radica en que las universidades se obligan a prestar servicios o generar productos ajenos a su objeto académico o de investigación”.
Excélsior dio a conocer este modus operandi en febrero del año pasado, el cual fue revelado por la Auditoría Superior de la Federación, institución que alertó que tan sólo en 2015, cuatro instituciones educativas de nivel superior propiciaron un posible daño al erario por 831 millones 141 mil 905.60 pesos.
CIRCULAR EN EL DOF
El 6 de noviembre de 2017, la SFP publicó en el Diario Oficial una circular para que la administración pública federal celebre contratos o convenios apegados a la ley; que en todos los casos haga una investigación de mercado; que la institución contratada acredite que tiene capacidad técnica, humana y material para llevar a cabo los servicios.
No basta con que el ente público proveedor o contratista presente un escrito en el que manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los recursos propios antes señalados, sino que debe presentar los documentos en los que conste fehacientemente su capacidad para cumplir con las obligaciones”, aseveró la institución.
