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De 2014 a la fecha, el monto que han facturado las empresas fantasma asciende a alrededor de 2 billones de pesos, reveló Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Entrevistado en la presentación de El Buen Fin 2018, el funcionario dijo que estas compañías son el vehículo que personas utilizan para disminuir sus obligaciones fiscales. De ahí que su combate sea una de las prioridades del organismo. Los 2 billones de pesos equivalen a 8 por ciento del producto interno bruto del segundo trimestre de 2018 y a 38 por ciento del gasto neto previsto en el Presupuesto de Egresos de este año.Santín explicó que la información está disponible, por lo que la autoridad sabe con precisión quiénes están facturando y quiénes tienen patrones de riesgo que hacen presumir que están defraudando al fisco. Con esa información, aseguró, se inician acciones de combate como cancelar los sellos fiscales, publicarlos o convocar a los usuarios finales a que regularicen su situación.
De esta manera se ha cancelado el sello de todas las empresas fantasma que están facturando de manera millonaria y que no están declarando adecuadamente, lo que asciende a más de 30 mil compañías.“De ahí que la defraudación haya disminuido de manera muy importante en esta administración”, sostuvo el jefe del SAT.Agregó que cada año, el órgano tributario tiene que mandar a hacer estudios relacionados con la defraudación, los cuales los realizan instituciones académicas, lo que reveló que al inicio de la administración el nivel de defraudación en el Impuesto sobre la Renta (ISR) era cercano a 40 por ciento y al día de hoy está por debajo de 20 por ciento.
«Outsourcing»
El responsable del SAT indicó que una modalidad en la que operan las empresas fantasma es en operaciones de outsourcing, lo que se suma a lo dicho por el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, en el sentido de que este esquema es nocivo.
“Las 30 denuncias penales (y más de 40 en proceso) que ha presentado el SAT son en contra de personas que utilizaron el esquema de asimilados a salarios, cuyos retenedores no enteraron el impuesto y que se presume son empresas denominadas como fantasma”, dijo.
El titular del organismo recaudador añadió que, debido a que el beneficiario final es aquella persona que recibió el recurso y que no cumplió con sus obligaciones, es que se presume que llevaron a cabo acciones para tratar de engañar al fisco en detrimento de las finanzas públicas mexicanas.
En este sentido, el miércoles pasado el secretario de Hacienda señaló ante diputados que los esquemas de outsourcing son nocivos, toda vez que dañan a la recaudación, a las personas y a los trabajadores, por lo que se ha trabajado en tratar de combatirlos.
“Hemos publicado a más de 33 empresas de outsourcing, hemos hecho casi 500 auditorías de estos esquemas y se ha logrado recaudar mil 200 millones de pesos, aumentando las retenciones para el salario real; además, se hizo de manera paralela, identificar a las personas que se benefician de estos esquemas”, indicó.
Explicó que se hizo una serie de cruces de información en donde se detectó que cerca de 15 mil personas han recibido ingresos por asimilados a salarios mayores a los 3 millones de pesos y cuyos retenedores no enteraron los impuestos.
Además, “esta semana se firmó el primer acuerdo reparatorio al amparo del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, en donde un contribuyente que estuvo en el esquema de asimilados a salarios, que se le siguió la causa penal, pagó 160 millones de pesos para que no se siguiera el caso, es la primera ocasión que se utiliza esta figura como medio para resarcir el daño al fisco cuando se incurre en una conducta fraudulenta en contra del fisco federal”, declaró Osvaldo Santín.
Abundó en que las denuncias en esta modalidad son mayores con respecto a 2017, dado que aún no se tenía con tanta claridad el esquema.
“Es una denuncia que apenas están conociendo tanto los ministerios públicos, como los jueces, incluso nosotros mismos, que estamos logrando integrarla de manera más ágil y con eso se ha incrementado el número de denuncias penales. Creemos que hacia adelante va a ser un mecanismo más frecuente para resolver los asuntos donde hay claramente una conducta fraudulenta y que el contribuyente no está dispuesto a regularizarse”, expuso.
El SAT considera que cada vez se van a hacer menos auditorías y se considera que se podrán aprovechar los mecanismos ágiles que ofrece el sistema de justicia penal para llegar a un acuerdo antes de que se lleve a cabo una sentencia.
