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A lo largo de 2017, las 32 entidades del país lograron obtener 319 mil 753 millones de pesos adicionales a lo previsto; sin embargo, los recursos no se utilizaron en acciones que tuvieran un impacto directo en la población, sino para inflar el gasto burocrático, aseguró el Instituto Mexicano para la Competitividad.
De acuerdo con el estudio “Presupuestos estatales: simulación y discrecionalidad”, los excedentes que obtuvieron hubieran permitido pagar 60 por ciento del total de la deuda pública estatal, además de que ajustarse a lo presupuestado en gasto burocrático habría significado para los estados un ahorro de 226 mil 577 millones de pesos.
Al presentar el estudio, el director general del Imco, Juan Pardinas, afirmó que esta mala práctica se reproduce a nivel federal y se realiza año con año, lo que demuestra la urgente necesidad de crear herramientas que regulen estos ingresos para evitar su uso discrecional.
“Si no cambiamos esto, Javier Duarte (ex gobernador de Veracruz) va a ser una anécdota del sistema. Lo que nos debe sorprender es que no nos hayamos enterado de nuevos Javier Duarte con estos contextos de opacidad”, dijo Pardinas, al tiempo que anticipó que se mantendrían este tipo de “celebridades”, de no cambiar el entorno institucional. En tanto, Diego Díaz, investigador del Imco, aseguró que la falta de una legislación que restringa el uso de los excedentes que obtienen las entidades por el cobro de impuestos, multas y otras transferencias, se convierte en un cheque en blanco para los gobernadores, que pueden ejercer los recursos libremente y sin restricción alguna.
“Por el hecho de no estar debidamente regulados, (los excedentes) son cheques en blanco de los gobiernos estatales, así que hay un incentivo muy importante para que los gobiernos consideren generar cajas negras o un colchón de gasto pero discrecional, que los gobernadores puedan utilizar en cualquier concepto que ellos deseen sin consultarlo con el Congreso local”, dijo.
A pesar de que sólo dos entidades recaudaron menos de lo que tenían previsto, de las 30 restantes, ocho subestimaron sus ingresos en al menos 25 por ciento; de éstas destaca Quintana Roo, que gastó 80 por ciento más de lo que tenía presupuestado.En su conjunto, el gasto burocrático de las entidades del país aumentó 11 por ciento, con un gasto adicional de 62 mil millones de pesos, además de que usaron 11 por ciento más de lo previsto para servicios básicos.DERROCHESEl estudio también reveló que a pesar de haber obtenido más recursos, 14 estados gastaron menos de lo aprobado para infraestructura, mientras que se invirtió más en mejorar la imagen de las entidades al destinar para publicidad oficial 83 por ciento más de lo previsto.
Por ejemplo, Chihuahua gastó mil 429 millones de pesos en publicidad oficial, cantidad equivalente a lo que se destina a la seguridad pública; en tanto que Baja California destinó recursos para viáticos que equivalen a 365 por ciento de su gasto en salud.
Guerrero, por otro lado, en 2017 gastó 645 por ciento más de lo que tenía previsto para eventos y ceremonias, además de que ejerció 342 por ciento más de lo presupuestado para traslados y viáticos.Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas del Imco, detalló que el estado de Nayarit es actualmente la entidad peor evaluada por el estudio, al haber publicado hasta ahora únicamente la información sobre el gasto del primer trimestre de 2017.
Ante este panorama, se propuso la creación de una legislación que establezca límites a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos y en especial sanciones cuando transgredan para garantizar un eficiente gasto público.
“HONESTIDAD EN DUDA”Pardinas aprovechó para alertar sobre el riesgo que puede traer la austeridad en el entorno actual, ya que puede convertirse en un caldo de cultivo de la corrupción cuando existen recursos públicos que pueden utilizarse discrecionalmente.“Hay mucho margen para la austeridad, pero de qué te sirve que gane muy poco dinero un funcionario cuando al año se puede gastar 130 millones de pesos en ceremonias y además tiene discrecionalidad para contratar a quien le organice la pachanga”, dijo.
En este sentido lamentó que el próximo gobierno se jacte de que la austeridad llegue al terreno de la seguridad pública, pues ello demuestra que no existe interés alguno en realizar un cambio en la política que ha venido implementando Enrique Peña Nieto en la materia.Asimismo, Pardinas criticó la reciente reforma legislativa aprobada por la mayoría de Morena en Tabasco, con la que se abre la puerta a las adjudicaciones directas, lo que, aseguró, no da ningún margen de maniobra para la honestidad que enarbola la fuerza hegemónica del país.
Pardinas confió en que el cambio que se aprobó en Tabasco no sea un anuncio de en qué habrá de convertirse Morena en el país, ya que de lo contrario son malas noticias para la lucha anticorrupción y para el buen ejercicio del gasto público.“Treinta millones de votos no garantizan la honestidad de un gobierno, eso te lo garantiza el buen ejercicio del gasto público un diseño institucional adecuado y lo que se hizo en tabasco es un diseño institucional para la corrupción y el compadrazgo”, señaló el titular del Imco.
