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La corrupción dentro de las campañas políticas se da por desvíos de recursos públicos por parte de los partidos más que, como se alardea, por la injerencia del crimen organizado, expresó el consejero del INE Ciro Murayama, tras referir que más que recortar presupuesto a los órganos electorales se deben de ejecutar acciones de responsabilidad judicial contra esas irregularidades.
En el foro regional sobre política nacional anticorrupción, en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, Murayama lamentó los casos documentados sobre el rebase de topes de campaña, como en Coahuila durante 2017; la creación de empresas fantasmas en Veracruz, y la sanciones a independientes desestimadas por el INE y el Tribunal Electoral, entre otras.
“A pesar de la estridencia, del temor que nos da el crimen organizado y de lo fácil que se llega a decir que pagan las campañas, la verdad es que lo que nosotros hemos encontrado y documentado es que las campañas se financian con el desvío de recursos públicos y, en la medida en que sea fácil para un presidente municipal, para un gobernador hacer esos desvios, ahí estará la fuente abierta. Esos recursos se los llevan a paraísos fiscales, se compran propiedades en México, en el extranjero y pueden caer en las campañas”.
El INE propuso sancionar con 36.4 millones de pesos al PRI, al demostrar que el gobierno de Chihuahua —durante la administración de César Duarte— hizo aportaciones en efectivo a un ente prohibido. Como la Secretaría de Hacienda y, de forma reciente, se tiene constancia que al fideicomiso para damnificados ingresó dinero de empresas mercantiles, 40 millones de pesos en efectivo, pero se desestimaron las evidencias.En 2017 el rebase de campaña del gobierno de Coahuila se documentó con información obtenida de Facebook, porque se trabajó con las empresas, sin embargo, “el Tribunal Electoral desechó la investigación”.
En Chihuahua sancionamos y en Veracruz se constató la creación de empresas fantasmas para recibir recursos y pagar la operación de la campaña. “Todos los partidos se ampararon ante el tribunal, eran siete, y es hora que no ha dicho qué va hacer.
“Está también el fideicomiso para damnificados, donde tenemos constancia de cómo y dónde ingresó dinero de empresas mercantiles (40 millones de pesos en efectivo), algunos de ellos en operaciones coordinadas a la misma hora en cinco sucursales de Ciudad de México, hasta los videos tenemos pero, como ustedes saben, una noche de viernes, por unanimidad, el tribunal desestimó toda la investigación”, recordó.
Tanto en Coahuila como en el caso del fideicomiso, agregó que se enfrentaron a la descalificación de los partidos que ganaron: “El INE no necesita una silla en el consejo anticorrupción, sino que desde las sillas del poder no se dinamiten nuestras determinaciones.“No es necesario mayor regulación, lo que necesitamos es que empiece haber responsabilidades sobre quién maneja éstos recursos de manera ilegal”, insistió Murayama.
