SAQUEOS QUEDAN IMPUNES

Existen 14 demandas penales en contra de exfuncionarios estatales y municipales, interpuestas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por un monto de 374 millones 390 mil 611 pesos por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, peculado, coalición, tráfico de influencias y uso de documentos falsos.

Las denuncias derivan de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal de los años 2008, 2009, 2011 y 2012.

Novedades de Tabasco tuvo acceso vía transparencia a un documento del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) que detalla las demandas.

Entre los municipios señalados está Macuspana, que tiene denuncias por sus cuentas públicas de 2008 y 2009. La primera presentada el 1 de diciembre de 2011 por un monto de 6 millones 736 mil 829 pesos, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado.

En el caso de la cuenta de 2009, se interpusieron demandas por 30 millones 650 mil 930 pesos y 50 millones 804 mil 207 pesos, estas por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, ayuda en la comisión de un delito, tráfico de influencias, uso de documentos falsos y peculado. Fredy Martínez Colomé encabezaba la administración municipal en esos años.

Jalapa es otro de los municipios que aparece en el documento, el 31 de mayo de 2011 se presentó una denuncia penal por la cuenta pública 2008 por un monto de 78 millones 631 mil 723 pesos, por el delito de ejercicio indebido del servicio público y peculado. Por la cuenta 2009 el monto es de 29 millones 198 mil 346 pesos. Antonio Priego Oropeza encabezaba la administración municipal en esos años.

El 14 de marzo de 2014 se formuló una demanda por la cuenta pública 2011 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, por un monto de 13 millones 148 mil 802 pesos, por hechos de carácter delictuoso.

En marzo de 2014 también se presentó una querella por la cuenta pública 2012 de la Secretaría de Administración y Finanzas, por un monto de 22 millones 818 mil 151 pesos. Los delitos señalados son ejercicio indebido del servicio público y peculado.

El 22 de mayo de 2014 se interpuso una denuncia por la cuenta pública 2012 de la Secretaría de Salud, por un monto de 7 millones 914 mil 174 pesos. Los delitos señalados son ejercicio indebido del servicio público y peculado.

Una demanda contra la cuenta pública 2012 de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento asciende a 9 millones 587 mil 759 pesos. El documento señala hechos de carácter delictuoso.

En febrero de 2015 hubo una denuncia más, ahora contra la cuenta pública 2012 de la Secretaría de Educación por 2 millones 471 mil 392 pesos, por ejercicio indebido del servicio público y peculado.

También en febrero de 2015 se realizó una demanda por la cuenta pública 2012 de la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas, por un monto de 37 millones 603 mil 850 pesos, por ejercicio indebido del servicio público.

En el mismo periodo se presentó una denuncia por la cuenta pública 2012 de la Junta Estatal de Caminos por 34 millones 946 mil 345 pesos, por ejercicio indebido del servicio público.

Van por cuentas de 2017

Las cuentas públicas 2017 de los 17 municipios tienen observaciones por la cantidad de 269 millones 423 mil 427 pesos.

Además, los municipios tienen 6 mil 417 demandas laborales; mil 22 laudos condenatorios; 415 laudos inactivos sin cuantificar; y una deuda por laudos activos que asciende a mil 345 millones 165 mil 300 pesos.

El OSFE estará en condiciones de valorar y presentar las demandas penales en marzo de 2019, al iniciar el segundo semestre de las cuentas públicas 2018.

Los municipios con más observaciones en 2017 son Cárdenas, Paraíso y Teapa.

México no castiga a los corruptos

Agencias

Ciudad de México

Instituciones con poca independencia respecto al Poder Ejecutivo, así como el hecho de que las acusaciones contra los políticos no lleguen en tiempo al Poder Judicial son factores que no permiten que se persigan y castiguen a funcionarios activos por casos de corrupción en México, considera la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).

Un caso que cimbró a América Latina en el combate a la corrupción fue la salida y posterior captura del expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien está preso en una cárcel militar guatemalteca por el caso “La Línea”, que está relacionado con un fraude multimillonario en las aduanas del país centroamericano.

Pero este golpe contra la corrupción se dio gracias a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que dio seguimiento al caso de corrupción.

Una entidad como la CICIG permitiría combatir la corrupción, además de castigar y encarcelar a políticos en funciones y que hayan finalizado su periodo. Pero la efectividad de este organismo se basa en su independencia del Poder Ejecutivo, señala Rodrigo Salazar Elena, profesor investigador de Flacso México.

“Cuando un político en funciones es capturado y procesado, es cuando sabemos que una institución está operando contra la corrupción. Esta situación hace que los políticos sean cuidadosos en el manejo de recursos públicos, ya que si son detectados por la autoridad independiente saben que serán castigados”, explica Salazar Elena.

El integrante de Flacso México considera que hay una combinación de factores que no permiten a México combatir la corrupción, uno tiene que ver con la poca independencia de las instituciones que monitorean y dan seguimiento a los casos de corrupción.

“En México las instituciones no están bien diseñadas para este tipo de situaciones, principalmente por el esquema institucional que no brinda gran independencia de funciones. Cuando se presentó el caso de la Casa Blanca, la Secretaría de la Función Pública no tuvo la independencia suficiente con respecto al Poder Ejecutivo”, explica.

Además, parte del error del diseño institucional es que la facultad de investigación de esos casos no está en las prioridades del Poder Judicial. El asunto es que, si las acusaciones no llegan al Poder Judicial, la independencia de este tiene muy poco impacto para los casos de corrupción detectados dice Salazar Elena.

“Guatemala es ese caso donde el presidente Otto Pérez Molina pasó de la silla presidencial  a la celda. Ahí tenemos instituciones operando. Ellos tienes una institución que es financiada por Naciones Unidas (CICIG), por lo que el país se dio cuenta de la importancia de la independencia para ir contra la corrupción”, explica.

Para Rodrigo Salazar Elena, la salida de políticos en función no siempre está impulsada por alguna institución independiente del Poder Ejecutivo, ya que los partidos de oposición son clave para la destitución de un funcionario público, debido a que muchas veces buscan el revanchismo político.

El integrante de Flacso México considera que la opinión pública influye de manera importante en cuanto al juicio que se hace sobre los casos de corrupción que se presentan debido a que muchas veces ejercen presión con el voto y en ocasiones pueden terminar con la carrera política de los funcionarios públicos.

En México aún no se ha desarrollado la figura de castigo electoral a la corrupción, debido a que los ciudadanos no tienen facultades para castigar a los implicados en actos de corrupción, sin embargo, si pueden interrumpir la carrera política de un funcionario mediante el voto.

«En México las instituciones no están bien diseñadas para este tipo de situaciones, principalmente por el esquema institucional que no brinda gran independencia de funciones. Cuando se presentó el caso de la Casa Blanca, la Secretaría de la Función Pública no tuvo la independencia suficiente con respecto al Poder Ejecutivo”

Rodrigo Salazar Elena

Profesor investigador de Flacso México.