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Margarita Ríos, titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT), informó este lunes que fueron encontradas inconsistencias fiscales por 3 mil 217 millones de pesos en 194 gasolineras del país.
De ellas, señaló Ríos en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, mil 742 millones de pesos fueron generados en siete entidades.
Derivado de dichas anomalías, dijo, ya hay cinco personas bajo investigación. Señaló que de esos 194 propietarios de gasolineras con irregularidades, 32 están presuntamente vinculados al robo de combustible.
«El hallazgo de la auditoria del SAT fue de 194 contribuyentes con inconsistencias fiscales relevantes en el renglón de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total aproximado de 3 mil 217 millones de pesos, monto superior 1.5 veces al presupuesto aprobado en 2019 para otorgar becas a los jóvenes», dijo.
«El 54 por ciento de ese quebranto, es decir, mil 742 millones se generó en estaciones ubicadas en siete entidades: la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla. El resto se reparte en las demás entidades», agregó.
Al respecto, dijo, que están bajo investigación también cerca de 200 cuentas bancarias presuntamente vinculadas dichos gasolineros.
Entre las acciones que se realizan al respecto de dichas irregularidades, indicó, destacan auditorias y revisiones fiscales profundas. Dijo que dichos en tanto dichos contribuyentes no regularicen su situación, se les impedirá la emisión de facturas y realización de importaciones.
La semana pasada, Petróleos Mexicanos, en su papel de suministrador de combustibles, rescindió el contrato a 103 empresarios gasolineros, señaló la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a El Financiero.
El órgano regulador desconoce los motivos que llevaron a la petrolera a concluir la relación con los franquiciatarios. No obstante, recordó que Pemex está en la libertad de hacerlo.
Desde los primeros días de enero de este año se registró desbasto de combustibles, esto derivado del plan contra el robo de combustibles que emprendió el Gobierno federal, que consiste en un cambio en la logística de Petróleos Mexicanos (Pemex), que incluye el cierre de ductos y la distribución mediante auto-tanques y la vigilancia de los ductos por elementos del Ejército, Marina y Policía Federal.
