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Lo conocen como El Rastrillo y para la gasolinera que lo tiene es la puerta de entrada a una mina de oro ilegal. Este software pirata es la piedra angular sobre la que se sostiene un esquema de fraude cibernético que ha permitido a numerosas estaciones de servicio del país vender huachicol y engañar a Pemex, a Profeco y al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dos ex empleados de la empresa Atio Group, encargada del desarrollo del software de controles volumétricos ControlGAS —instalado hasta en un tercio de las 12 mil gasolineras del país—, revelaron los pormenores de este esquema de fraude en el que la empresa ofrece a quien lo quiera comprar la expansión ilícita del programa a tipo plug-in.
«Básicamente es un programa que se le añade a ControlGas para rasurar litros y cucharear las cifras que se reportan al gobierno», dijo un ex empleado, que entregó a este diario una copia de El Rastrillo, con el cual se puede informar una cantidad falsa de venta de gasolina al gobierno federal. El tema no ha pasado desapercibido: la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda ya tiene abiertas investigaciones contra al menos 194 estaciones de servicio por alterar sus controles volumétricos y reportar ingresos y egresos que no cuadran, según ha declarado en semanas recientes su titular, Santiago Nieto.
La red de gasolineras del país tiene la obligación de entregar al SAT los controles volumétricos y además debe cumplir con una serie de reglamentaciones, entre ellas, la verificación de controles a distancia NOM 185 CSFI 2012, que regula dichos sistemas.El sistema informático ubicado en las bombas, en teoría inviolable, arroja de manera precisa las cantidades de combustible que adquieren y venden a los usuarios. Dicha información se envía a diario tanto al SAT como a Pemex, que entrega un visto bueno que permite a la gasolinera mantener su funcionamiento, ya que no hacerlo implicaría un delito fiscal, previsto en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación.
Pero uno de los esquemas con los que se han alterado los controles volumétricos —con los que el gobierno federal en teoría sabe cuánto vende cada gasolinera— es, precisamente, El Rastrillo.
«Es un parche al mismo software que genera la empresa y permite manipular la cantidad de litros que se vende y de la que se entera el gobierno», dijo un ex empleado que pidió guardar el anonimato y quien ya ha sido amenazado de muerte. Su testimonio fue ratificado por otro ex trabajador de la compañía, propiedad del empresario y ex presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estación de Servicios (Ampes), Pablo César Gualdi.
«Este software paralelo permite alterar los reportes que se envían a Pemex de compras, ventas, existencias, porque si rasuras o recortas los litros puedes vender robado», dijo uno de los ex empleados, quien fue cesado de la empresa por negarse a comercializar el programa pirata.
De acuerdo con su testimonio, en numerosas gasolineras se oferta El Rastrillo como una opción para alterar los controles volumétricos.
El programa tiene varias opciones: se puede elegir reportar 5, 10 o 15 por ciento menos de venta a Pemex y al SAT, lo que permite a la estación que lo usa vender el faltante con huachicol.
«Yo pude ver cómo se utilizaba el sistema en varias gasolineras», confirmó otro trabajador, también amenazado de muerte. Sus superiores le pidieron colaborar para promover el programa, que básicamente funciona como un parche adicional a ControlGas —uno de los más utilizados por gasolineras a escala nacional.
Uno de los trabajadores laboró en el área de atención a clientes y ahí fue donde se enteró de la existencia de El Rastrillo: «Empecé a recibir las llamadas de los clientes que pedían este software paralelo», dijo.
Se solicitó una entrevista a la empresa Atio Group en dos ocasiones, pero no hubo respuesta.También se consultó a la Onexpo, que informó que la organización no defenderá a gasolineras que hayan incurrido en algún acto ilegal.»Que cada quien asuma su responsabilidad jurídica. Onexpo no defiende ni defenderá a quienes con dolo incurren en actos contrarios a la legalidad y apoya las decisiones del gobierno federal para combatir actos ilícitos», destacó en un posicionamiento.
De igual manera se requirió información a la Ampes, que declinó la petición bajo el argumento de que sus asociados tenían “problemas de agenda de trabajo”.
