Se van tres funcionarios por presuntos desvíos

Tres funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) serán cesados de sus cargos ya que son investigados por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el gobierno federal pedirá a los funcionarios implicados que abandonen sus cargos mientras se concluye la investigación.

Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, informó que Miguel Ángel Lozada Aguilar, actual director de Pemex Producción y Exploración; Héctor Salvador Salgado Castro, actual subdirector de Coordinación Operativo y Comercial de Pemex Producción y Exploración, así como Luis Galván Arcos, actual gerente de Operaciones de Control Financiero de Procesos Industriales, participaron como firmantes responsables en 25 convenios con instituciones públicas y que presuntamente resultaron en desvíos de recursos.

De acuerdo con la secretaria, el convenio específico que celebró la petrolera por medio de Lozada Aguilar con la Universidad Popular de la Chontalpa consistía en realizar servicios de asistencia técnica en materia de perforación de pozos, cuyo monto máximo autorizado (140 millones de pesos) fue superado y alcanzó los 145 millones 841 mil pesos.

“Ha sido confirmado por la Auditoría Superior de la Federación que la Universidad de Chontalpa no contaba con capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios establecidos en el convenio y precisamente por ello procedió a subcontratar a terceros, quienes a su vez tampoco contaban con la capacidad y subcontrataron otros servicios”, informó.
Mientras que para el acuerdo con el Instituto Comalcalco, por medio del ingeniero Salgado Castro, cuyo objetivo genérico era realizar servicios especializados para campos de exploración y producción, se rebasó el monto máximo (80 millones de pesos) y equivalió a un total de 99 millones 935 mil 551 pesos pagados en 20 órdenes de servicios.

“En este segundo convenio quedó expresamente pactado que el instituto contaba con la capacidad legal y técnica suficiente para proporcionar estos servicios y se comprometió no subcontratar los mismos; sin embargo para cumplir con los objetivos subcontrató a diversas empresas para cumplir con estos convenios y el porcentaje de la subcontratación globalizada correspondió al 93 por ciento», dijo.
Según la secretaria, el análisis arrojó que las empresas beneficiadas de los recursos del Estado están ligadas a los propios servidores públicos o personas cercanas a ellos eran socios directos. Además, se localizaron empresas fantasma o que simularon la realización de trabajos

“La estafa fue maestra, porque el entramado a partir del cual se operó pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad”, puntualizó.
Eréndira Sandoval dijo que los servidores que tenían la responsabilidad de verificar que se cumplieran las condiciones de ley y los términos convenidos abdicaron de su función, y los auditores que debieron monitorear el desempeño de los responsables administrativos, fueron limitados en el alcance de sus revisiones y omisos para fincar responsabilidades.

Derivado de lo anterior, la SFP inició tres investigaciones en materia de evolución patrimonial para detectar y documentar probables inconsistencias en el patrimonio de los tres servidores públicos referidos, que pudieran resultar de conductas irregulares.

A partir de los resultados que estas investigaciones patrimoniales arrojen se iniciarán los procedimientos de responsabilidad administrativa que correspondan.

evl