Coneval elevó 400 % su presupuesto

Aunque de 2008 a 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) utilizó la misma metodología y fuente de información para medir la pobreza en nuestro país, su presupuesto aumentó más de 400 por ciento en el mismo lapso.

Pasó de 116 millones de pesos a casi 479 millones, aunque en este periodo hubo un par de años de mayor derroche: 2016 y 2017, en los cuales se le asignaron entre 570 y 635 millones de pesos.

Desde 2008, el Coneval mide la pobreza y la pobreza extrema con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, emitida cada año por el INEGI, la cual será publicada el próximo 30 de julio y servirá para la medición de 2019. El Consejo sólo difunde los programas de cómputo, a partir de los cuales se derivan las cifras oficiales.

“Llevamos 10 años de medir la pobreza de la misma forma, comparable año con año”, dijo Gonzalo Hernández Licona, en el cargo desde la creación del organismo en 2005 (tras la publicación de la Ley General de Desarrollo Social) y quien fue sustituido el lunes pasado por el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM: José Nabor Cruz Marcelo, a propuesta de la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores González, y con el visto bueno del Presidente de la República.

En estos días de despedida, cuando se le preguntó por los índices de pobreza de este año, aseguró no tener información, porque aún no se conocían las estadísticas referidas del INEGI.

El Coneval tiene independencia y capacidad técnica, pero funciona como órgano descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy llamada del Bienestar; y el nombramiento de su titular es facultad presidencial.

Tras la reforma constitucional en materia política, publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2014, se adicionó el artículo 26 Apartado C para quedar como sigue: “El Estado contará con un Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley”.

El encargo del presidente del Consejo, se dispuso ahí, “durará cinco años y podrá ser reelecto por una sola vez”.

Hernández Licona iba ya por su año 14 en el puesto: llegó el 16 de noviembre de 2005, semanas después de la apertura institucional.

Pese a la modificación de la Carta Magna, el organismo siguió formando parte del Ejecutivo federal, su autonomía se mantuvo acotada y sus atribuciones estáticas, pues la ley secundaria se congeló desde hace cinco años en el ámbito legislativo.

De haber gozado de autonomía plena, habría podido omitir las disposiciones enumeradas por el presidente López Obrador en su memorándum de austeridad difundido el 3 de mayo pasado, como la desocupación de plazas no autorizadas y la eliminación de directores generales adjuntos, asesores, representantes foráneos y choferes, las cuales son obligatorias para toda la Administración Pública Federal, incluidos órganos desconcentrados y descentralizados.

La principal tarea del Coneval es emitir la medición anual de la pobreza y otros indicadores relacionados con el tema. Sin embargo, su plantilla de funcionarios ha rebasado los 200 en los últimos años. Durante 2018, operó con 206, 144 de los cuales eran eventuales —el 69 por ciento del personal—.

La desaparición de los puestos con carácter eventual fue una de las máximas inconformidades de Hernández Licona, expresada no sólo a las autoridades de las secretarías de Bienestar y de Hacienda, sino en escritos periodísticos. También se oponía a la cancelación de las direcciones generales adjuntas, “porque si nos las quitan, le dan en la torre a la operación”. A la par se quejó de la reducción del 20 por ciento de la estructura burocrática y del 50 por ciento del dinero para evaluaciones, aunque en la realidad el presupuesto de la dependencia sólo disminuyó el 7 por ciento de 2018 a 2019, al pasar de 478 millones a 443 millones de pesos, según datos de la SHCP.

“Estos ajustes implicarían que la institución prácticamente deje de funcionar en las próximas semanas”, expresó el funcionario.

Las 62 plazas de base, registradas en el archivo de la Secretaría de la Función Pública, representan una nómina equivalente a más de 2 millones 621 pesos mensuales. Monto exclusivo para salarios, al cual habría de añadirse el sueldo de cientos de eventuales.

Y lo peor: de estos 62 puestos, 51 son de secretarios ejecutivos, contralores, directores, directores adjuntos, subdirectores y jefes de departamento, según datos de la SFP, es decir, más del 82 por ciento. Sólo 11 son funcionarios menores con tareas específicas de operación.