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Municipios de diversos estados del país como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas o Tabasco han denunciado que los gobiernos de dichos estados están reteniendo las participaciones federales que les corresponden conforme marca la ley. Incluso hay casos que datan de al menos hace cuatro años.
Los casos han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante controversias constitucionales presentadas por las alcaldías contra las autoridades estatales y se está a la espera de un pronunciamiento del máximo tribunal, donde hay al menos 100 litigios de este tipo.
Apenas hace un año, la SCJN ordenó al gobierno de Veracruz la entrega de participaciones federales con intereses a municipios de dicha entidad que les habían sido retenidas por el exgobernador Javier Duarte.
Por ejemplo, en la más reciente controversia constitucional llegada a la Corte, el municipio de Tlaltetela, Veracruz, demanda “las entregas retrasadas por parte del demandado, de las participaciones federales correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre del año 2016 hasta la fecha de presentación de la demanda (septiembre 2019) y las que se sigan generando hasta que su puntual entrega”.
Dicha alcaldía reclama la retención de las aportaciones y participaciones federales para el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) por dos millones 411 mil 482 pesos.
También para el Fondo de Fortalecimiento Financiero para la Inversión: FORTAFIN-A-2016 por un monto de dos millones 236 mil 498 pesos.
“Cantidades que fueron entregadas hace meses al Gobierno del Estado de Veracruz, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como también se le condene al pago de intereses, a la tasa de recargos que establece el Congreso de la Unión para los casos de pago a plazos de contribuciones al momento en que se dicte la resolución respectiva, por el retraso injustificado en entregarlas”, señala la demanda.
El municipio de Santa Catalina Quieri, en Oaxaca, también presentó un recurso ante la Suprema Corte en el que se reclama “la real y eminente retención de los enteros quincenales por concepto de participaciones y los enteros mensuales de las aportaciones federales que corresponden, a partir de la primera quincena del mes de julio de 2019”.
Reducciones
Apenas el 28 de agosto, la Suprema Corte determinó, por unanimidad de nueve votos, que los estados del país sí tienen facultades para reducir las participaciones federales a sus municipios, siempre y cuando se ajusten al límite legal.
Al analizar 11 controversias constitucionales presentadas por diversas alcaldías del estado de Morelos, el pleno del máximo tribunal del país reconoció la validez de la reducción del 22% al 20% de participaciones federales que avaló el Congreso de la entidad en 2016.
“La reducción que llevó a cabo la legislatura del estado sobre el monto de las participaciones federales que le corresponden, del 22% al 20%, no vulnera el artículo 115 fracción IV de la Constitución general, y esto es así porque dicha reducción se encuentra en los márgenes de la propia Ley de Coordinación Fiscal y las relativas establecen, en cuanto a las participaciones para los municipios, que no podrán ser inferiores al 20% de los montos que reciban los estados”, señaló la ministra Norma Piña.
