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Ante el interés público por conocer las denuncias en contra de ex funcionarios públicos de la pasada administración estatal y que, se han comentado públicamente por distintos actores políticos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco garantiza sus acciones con plena observancia al debido proceso y, a la vez, atendiendo su obligación de transparentar su actuar ante la ciudadanía.
De tal manera, se informa que se encuentran registradas ante esta institución dos denuncias diferentes:
La primera de ellas fue presentada en conjunto por un diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por quien en ese momento pertenecía a la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado. En tanto que, la segunda y más reciente, corresponde a la que fue presentada exclusivamente por integrantes de la fracción parlamentaria del PRI ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En la primera se señala por posibles actos de corrupción a quien ocupó el cargo de Secretario de Planeación y Finanzas, por presuntamente haber emitido falsedad de declaración durante su comparecencia ante el Congreso del Estado como parte de la Glosa por el Sexto Informe de Gobierno.
En esta se denuncian delitos contra el erario y el servicio público, hechos de corrupción, abuso de autoridad, ejercicio abusivo de funciones, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio ilícito de facultades y atribuciones, falsedad de declaración ante autoridad y/o falsedad de declaración ante autoridad distinta a la judicial; y los que resulten.
La segunda es una carpeta de investigación que atiende la Dirección General de Delitos Comunes, en la que se señala como presuntos responsables al ex Gobernador del Estado, a quien fuera presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema DIF, entre otros funcionarios de primer nivel de las áreas de Planeación y Finanzas, Gobierno, Administración, Salud, Educación, Contraloría, Recursos Naturales y Protección Ambiental, así como Desarrollo Social.
Las acusaciones son el uso indebido del servicio público, peculado, así como delitos contra el erario, quedando como agraviados la sociedad y el patrimonio del Estado.
En ambas denuncias, corresponde a los fiscales del Ministerio Público encargados desahogar las diligencias respectivas y recabar los indicios y datos de pruebas que puedan servir para judicializar la respectiva carpeta de investigación y acreditar en su oportunidad el delito y el monto de la reparación del daño.
En aras de transparentar el actuar de esta institución en el combate a la corrupción, la FGE manifiesta que se actuará bajo el marco legal establecido, reiterando que no existen compromisos ni intereses de por medio, sino el respeto por el Estado de Derecho y la correcta procuración de la justicia.
