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El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, adelantó que debido a malas prácticas por parte de despachos de cobranza en administraciones pasadas, luego de varios meses de analizar la situación, se contará con un nuevo modelo de cobranza social, el cual estará enfocado a privilegiar que los cuentahabientes conserven sus viviendas con soluciones accesibles para encontrar esquemas de pago convenientes tanto para el trabajador como para la institución, y dejen de ser objeto de presión por parte de estos despachos.
El primer paso, anunció, fue una depuración y poder pasar de 238 despachos de cobranzas que se tenían hasta la pasada administración a sólo 19 en todo el país, con el firme objetivo de terminar con las malas prácticas en los procesos de cobranza en contra de los trabajadores que tienen un crédito Infonavit, debido a que se detectaron prácticas hasta intimidatorias en contra de los trabajadores.
El nuevo modelo de cobranza, además de privilegiar que los trabajadores conserven sus viviendas a través de esquemas de pago accesibles y financieramente viables, busca administrar la cartera vencida que permita recuperar los créditos hasta su liquidación sin perder de vista la misión social del Infonavit.
Se buscará también identificar a los trabajadores con créditos, que hayan perdido su empleo o hayan caído en impago, incentivar el pago continuo, buscar la mediación como un mecanismo alternativo para solucionar controversias, así como evitar procesos judiciales que concluyan en una afectación al patrimonio de los acreditados.
En conferencia de prensa, el funcionario puntualizó que este problema tuvo su origen en el otorgamiento expansivo de créditos que se registró en administraciones pasadas, con la construcción de desarrollos habitacionales, que muchas de las veces no fueron ubicados en sitios en donde se contara con los servicios públicos básicos, y además, el suministro de los mismos ni siquiera estaban contemplados en los planes de desarrollo de los presidentes municipales.
Esto propició el abandono masivo de viviendas y aumento de la cartera vencida, lo cual terminó en juicios masivos y contratación de despachos de cobranza; ahora se buscará incentivar el pago continuo y oportuno de los acreditados, apoyar a los acreditados con dificultad de pago, así como reasignar las viviendas recuperadas a nuevos acreditados.
Los problemas de pago, explicó Carlos Martínez, comienzan a darse en promedio a los cinco años de que los créditos fueron otorgados, con lo que durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto se estaban cobrando créditos del modelo expansivo de vivienda que se dio en los sexenios de los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Esto propició que ante el incremento de la cartera vencida durante la última década, las administraciones anteriores adjudicaran de manera directa contratos a despachos sin controles suficientes en la forma de trabajar de éstos, ni en los pagos que recibían, lo cual propició un incremento de 328 por ciento en el gasto destinado a estos proveedores en el periodo 2013-2018 (36,000 mdp en el sexenio pasado), en relación con el periodo 2007-2012 (8,400 mdp). Tan sólo en 2018 el gasto en despachos ascendió a 11,000 mdp. A la luz de la nueva licitación, el Infonavit obtendrá ahorros en el orden de 30% en los aranceles pagados a los despachos.
