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El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, impuso ayer el toque de queda en Quito y también decretó desplegar el ejército en la capital, todo con el objetivo de tratar de aplacar la revuelta popular contra el paquete de recortes aprobado por el gobierno ayer hizo diez días.
El mandatario aseguró que su decisión busca “restablecer el orden en todo el país”, especialmente en Quito, que se ha convertido en el principal escenario de manifestaciones contra la subida del precio de los combustibles, parte de un plan crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
“He dispuesto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias” para restablecer el orden, aseguró Moreno en un mensaje televisado al país.
La decisión de Moreno pone ahora en cuestión el proceso de diálogo que se abrió este mismo sábado, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) dio un giro a su posición y aceptó la mano que el presidente les tendió el viernes para negociar.
En el discurso, Moreno se felicitó por la decisión de la Conaie, y a la vez reiteró sus denuncias de que detrás de las protestas había grupos vandálicos e identificó, sobre todo, a seguidores del expresidente Rafael Correa, su antecesor y acérrimo rival político, al que culpa de lo que considera intentos de desestabilizar su gobierno.
Además de a los “correístas”, Moreno señaló a “los traficantes, los narcotraficantes, Latin King criminales”, pero dijo que “ventajosamente” los indígenas ya han “detectado” a esos grupos y los están apartando.
La Conaie, cuya dirigencia está ahora analizando la situación generada tras el toque de queda y militarización decretadas, ha pedido al ejército que medie en este conflicto ya que, a juicio de unos de sus máximos dirigentes, Leonidas Iza, el gobierno ha perdido el control de la situación.
VANDALIZACIÓN. Quizás muestra de esta pérdida de control fue la situación que se dio ayer en Quito, cuando grupos de manifestantes encapuchados asaltaron la sede de la Contraloría General del Estado, para luego saquearla y quemar el edificio. El gobierno informó que detuvieron a 30 personas por ello.
