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La nueva Ley de Movilidad de Tabasco propuesta por el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Movilidad (Semovi), sí cuenta con el consenso de transportistas y busca “poner orden a un sector que por siempre ha vivido en el desorden”, afirmó la titular de la dependencia, Egla Cornelio Landero.
En entrevista radiofónica, explicó que la iniciativa, actualmente en análisis del Congreso del Estado, tiene la finalidad de garantizar un derecho universal de las personas, pero partiendo del principio de que la prioridad son los usuarios y los peatones.
Indicó que en esta nueva ley, primero es el peatón, luego la bicicleta, le sigue el transporte público y la motocicleta, en penúltimo lugar y a lo último los vehículos particulares.
Cornelio Landero, dijo que la movilidad es un tema que no involucra sólo al transporte, sino al público en general y advirtió que no se puede seguir con una Ley de Transporte que no toma en cuenta al peatón ni considera la movilidad como un derecho humano transversal.
Estableció que la iniciativa –compuesta por 12 capítulos y 225 artículos– fue elaborada por especialistas de la Semovi y fue sometida a la revisión y consideración de los diferentes líderes del gremio del transporte en sus distintas modalidades, así como de académicos, agrupados en el subcomité sectorial del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (Copladet).
“Una ley no puede hacerse sólo por ocurrencias, debe justificar las necesidades de las personas y este es un derecho humano que las personas tienen para movilizarse”, refirió.
En entrevista, Egla Cornelio sostuvo que la nueva ley también pretende acabar con el pirataje y al mismo tiempo garantizar un servicio de calidad y seguro para los usuarios.
Indicó que en la actualidad siguen vigentes, “tal cual estaban, íntegros”, 89 artículos de la Ley de Transporte del Estado, por lo que rechazó que la actual Semovi haya modificado la redacción para perjudicar a las uniones o agrupaciones de transportistas.
La funcionaria estatal consideró factible la eliminación del servicio colectivo de taxis por un asunto de seguridad del usuario, no obstante, señaló que sólo dos estados del país: Sonora y Quintana Roo, tienen permitido los servicios colectivos, pero por cuestiones muy específicas.
Recordó que si bien la mayor parte de las sanciones a los taxistas tienen que ver con temas de maltrato al usuario o negar el servicio, también existe el riesgo de que cuando una persona va en un viaje colectivo está expuesta a quienes se dedican a cometer asaltos en el transporte público.
“Actualmente estamos en estudios y en colaboración con el sector transporte para determinar la probabilidad de que a partir del año 2021 esto sea algo viable, pero con estudios y se pueda tener el transporte colectivo actualizado”, adelantó.
La titular de la Semovi indicó que el primer paso es avanzar hacia la actualización de todas las rutas autorizadas del transporte urbano en el municipio de Centro y agregó que para cumplir ese propósito, la iniciativa de Ley de Movilidad considera, así como estaba previsto en la actual Ley de Transporte, la conformación de un Consejo en el que concurrirán de iniciativa privada, transportistas y académicos.
Abundó que la norma propuesta también prevé la creación de un Instituto de Capacitación para la Movilidad, “porque necesitamos generar la cultura” en torno a este tema y aplaudió la iniciativa del gobernador Adán Augusto López Hernández dirigida a crear una vicefiscalía especializada contra el pirataje.
“Eso va a dar más herramientas a los concesionarios y permisionarios autorizados para que también actúen y presenten querellas”, consideró. Egla Cornelio precisó que lo que constituye un delito corresponde a la Fiscalía General del Estado, mientras que la Semovi está facultada para imponer sanciones administrativas.
Cornelio Landero concluyó que si bien la Secretaría de Movilidad está para dar seguridad y certeza al usuario, también tiene que proporcionárselos al concesionario y al permisionario.
