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El régimen de Nicolás Maduro denunció ayer a Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump y reclamó a la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda, que abra una investigación contra Washington por “crímenes de lesa humanidad”.
El ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, acudió a La Haya para presentar una denuncia que supone, según él, “un hecho histórico” pues las sanciones “son un arma de destrucción masiva” contra el pueblo venezolano.
Las medidas de Estados Unidos tienen como víctima fundamental a la “población civil venezolana que ha muerto, que ha sufrido enfermedad y obstáculos para su alimentación”, aseguró el canciller tras la presentación de la denuncia.
Durante la rueda de prensa, aseguró que las sanciones de EU contra la economía de Venezuela “se parecen a la persecución al pueblo judío durante el Holocausto” o a “la persecución del pueblo palestino”.
EMBARGO PETROLERO. El jefe de la diplomacia venezolana puso como ejemplo los efectos que las sanciones han tenido en la industria petrolera venezolana, corazón económico del país, pues han perjudicado al “traslado de piezas, su reparación o a los procesos de refinado”.
La CPI solo investiga la responsabilidad penal de individuos y no trata litigios entre Estados. La denuncia venezolana no nombró a ningún alto oficial de Estados Unidos por su nombre pues, según Arreaza, debe ser la fiscal Bensouda quien los señale.
No obstante, dijo que los responsables están “en la élite de Estados Unidos” y lamentó que haya personajes públicos en Venezuela que defiendan una extensión de las sanciones.
Arreaza dijo tener esperanzas de que la denuncia “siente jurisprudencia para detener la locura de Estados Unidos” contra “todos los pueblos que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales”, en referencia a las sanciones.
Más allá de la documentación presentada este jueves, Venezuela tiene abierto un examen preliminar a propuesta de la Fiscalía de la CPI por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas en 2017 y a comienzos de 2019 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores.
Arreaza se negó a hablar de la querella en contra del régimen que representa. “Vinimos específicamente a hablar y a introducir esta remisión contra Estados Unidos, un caso totalmente distinto”.
