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Los 27 partidos que conforman el grueso de la oposición venezolana, que incluye a todos los que actualmente tienen representación parlamentaria al margen del chavismo, acordaron este domingo que no se presentarán a las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre por considerarlas un «fraude».
«Habiendo agotado todos nuestros esfuerzos nacional e internacionalmente para que tuviéramos un proceso electoral competitivo las organizaciones políticas democráticas de Venezuela manifestamos que, de manera unánime, decidimos no participar en el fraude electoral convocado por el régimen de (Nicolás) Maduro», sostiene un comunicado.
El documento ha sido firmado por 27 partidos, entre los que se encuentran los cuatro que componen el llamado G4: Primero Justicia, del que forma parte Henrique Capriles; Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López; así como los socialdemócratas Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo.
«El régimen de Nicolás Maduro, usando el control que ejerce sobre todos los poderes públicos en Venezuela, acabó con la posibilidad de tener cualquier tipo de elección libre y competitiva», aseguran.
Como parte de esa ofensiva que consideran que el presidente venezolano hace contra el proceso electoral, afirmaron que en las legislativas de 2015, los partidos que se coaligaron como «unidad democrática» se consolidaron con una tarjeta conjunta que, consideran, ha sido «secuestrada por el régimen, impidiendo su utilización a causa de medidas cautelares».
Además, «los directivos que representan a la Unidad como organización, aún se encuentran sometidos a procesos judiciales penales».
También citan el nombramiento de una nueva presidenta para el Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo, que ya «desconoció la soberanía popular y ha mantenido al estado Amazonas sin representación parlamentaria».
Alfonzo fue sancionada en mayo de 2018 por el Gobierno de Canadá «en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas» que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente.
El nombramiento debía hacerlo la AN pero lo asumió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al considerar que el Parlamento no iba a realizarlo tal y como le corresponde.
Frente a esta situación reiteraron sus planteamientos para poder presentarse a las elecciones que comienza por el «restablecimiento del derecho al sufragio para todos los venezolanos», lo que incluye a los cerca de cinco millones que, según la ONU, han emigrado.
También reclaman una garantía de «que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación», así como la «prohibición de migración de electores de sus centros electorales naturales» y el «cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos» entre otros, como el nombramiento de un CNE independiente.
La falta de esas condiciones les lleva a creer que se «anula cualquier posibilidad de considerar el proceso convocado como un proceso electoral».
Finalmente, los 27 partidos aseguran que no son «abstencionistas», pues «no hay abstención cuando lo convocado no es una elección» e invitan a la comunidad internacional a no reconocer el resultado.
«Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad internacional, nos movilicemos para lograr la salvación de Venezuela», subrayan.
Por eso, añaden que su «lucha ha sido y seguirá siendo para que todos los venezolanos podamos tener elecciones libres, justas y verificables, y que se produzca el cambio» para que Venezuela «salga de la crisis humanitaria y miseria en la que lo ha hundido la dictadura de Maduro».
Tres de los cuatro principales partidos de la oposición, Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, recibieron una estocada judicial cuando el TSJ designó nuevas directivas para estas formaciones, ahora lideradas por unos disidentes expulsados de las organizaciones y más cercanos al chavismo.
De este modo, los líderes de esos partidos fueron apartados judicialmente y aquellos nombrados por el Supremo, acusados de dejarse sobornar por sus excompañeros, serán quienes guíen a los partidos a las elecciones.
Eso hará que los logos y colores de esos tres partidos estén en las tarjetas electorales aunque no será bajo el liderazgo de quienes fueron elegidos por los propios partidos para encabezarlos.
