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Por Ramón Aguirre Díaz
El asunto es muy delicado y pasa a ser más allá de sólo coyuntural. No se trata de una sequía en el norte del país que impida entregar millones de metros cúbicos (Mm3) a los agricultores de Texas como un compromiso mexicano ineludible. El principal problema es que el crecimiento de la demanda de agua en nuestro lado, particularmente en Chihuahua, hace muy difícil, si no es que imposible, cumplir con el Tratado de Distribución de Aguas Internacionales de 1944. Chihuahua ha tenido un aumento en la demanda más allá de las previsiones originales; ésta, hace 76 años, era del orden de 900 Mm3 de agua y ahora es cercana a los 1,800 Mm3, según últimos datos.
En los estudios elaborados con fines del tratado, se había considerado que la demanda de agua en Chihuahua se incrementaría a los 1,275 Mm3, pero esta previsión ha sido ampliamente rebasada y ahora las cuentas no salen. Por ello no cumplimos hace cinco años, cuando concluyó el ciclo 34 quedamos a deber 243 Mm3. Ahora, obligatoriamente, al concluir el ciclo 35 este próximo 24 de octubre, deberíamos no sólo de pagar ese adeudo, sino también cumplir con la cuota quinquenal, que para finales del pasado mes de julio faltaban 499 Mm3 por entregar. Esto es simplemente imposible de realizar por la limitada capacidad de la infraestructura.
Debido a este casi seguro incumplimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que aplicar sus mejores oficios para desactivar un problema que hemos venido generando al incrementar nuestras necesidades en esta zona árida y semiárida de la frontera. No sólo se está incumpliendo a los agricultores de Texas y de Tamaulipas, sino incluso a las ciudades fronterizas que requieren de agua para el consumo público urbano, como Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, que han venido sufriendo por la escasez de agua en el río.
¿Por qué México tiene la obligación de entregar un volumen quinquenal por 2,158.6 Mm3 a Estados Unidos? Lo primero que debería aclararse es que el Tratado de 1944 no se refiere a un simple intercambio de agua, donde México sale beneficiado recibiendo 4.3 veces el agua que entrega. Este tratado se remonta a discusiones de décadas entre ambos países, donde había prevalecido el criterio de la Doctrina Harmon, la cual afirmaba que cada país puede utilizar los recursos de agua que escurran dentro de su territorio como estime conveniente a su interés nacional, sin ninguna responsabilidad de lo que pase más allá de las fronteras. Un criterio, por supuesto, genera serios problemas en el caso de ríos que cruzan de un país a otro, ya que la construcción de presas puede dejar sin agua a usuarios de otros países sin reconocerles derecho alguno.
Afortunadamente, dadas las buenas relaciones de la época entre México y Estados Unidos, fue posible llegar a un importante y beneficioso acuerdo con los americanos con base en la tesis del experto abogado estadunidense Henry Farnham, quien afirmaba que “un río que corre por el territorio de varios estados o naciones es propiedad común y ningún grupo humano puede afirmar y ejercer unos derechos y una propiedad que priven a otros que tienen iguales derechos”. Lógico establecer esto para un elemento básico para la vida, la salud y la productividad de los países.
De acuerdo con esta tesis, la cual ha dominado el criterio internacional sobre derechos del agua, está claro que el agua no es de donde llueve y escurre, sino de todos los usuarios históricos de los ríos, que, en este caso, se trata de los agricultores estadunidenses y a los usuarios de Tamaulipas que tienen el derecho al agua. No es una graciosa concesión.
El asunto tiene muchas aristas por los usos clandestinos y por la exigencia de agricultores chihuahuenses de mayor claridad de la Conagua respecto a las aguas que se han extraído de las presas. Por lo pronto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que el agua es de la nación y que se cumplirá con el tratado. El problema es que fácil no está ni ahora ni en el futuro.
