Las claves del caso Lozoya: telaraña de corrupción en la política mexicana

Ciudad de México

Propiedades en México y en el extranjero, cuentas bancarias con millones de dólares en bancos europeos y paraísos fiscales, presuntas grabaciones en donde se habrían registrado sobornos a legisladores y funcionarios, y una nueva denuncia en marcha por posible lavado de dinero.

Estos son los elementos clave dentro del proceso penal que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, enfrentará en México tras ser trasladado desde España, donde fue detenido el año pasado.

Lozoya aceptó ser extraditado a nuestro país y ha prometido colaborar con las autoridades mexicanas para evidenciar una presunta red de corrupción a nivel federal en el sexenio pasado. A cambio podría obtener beneficios que van desde un juicio corto y una pena reducida, o incluso una libertad anticipada.

Pero para que lo anterior ocurra tiene que cumplirse con un procedimiento que la ley marca en el que, además, el exdirector de Pemex deberá colaborar no solo narrando hechos ilegales en los que haya participado, sino entregando pruebas que lo sustenten y bienes que reparen el daño causado.

Sobre Emilio Lozoya Austin pesan dos órdenes de aprehensión que son las que dieron pie a la solicitud original de extradición.

Una es la relacionada con los presuntos sobornos por poco más de 9 millones de dólares que habría recibido de la constructora Odebrecht y por los cuales se le acusa de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. La segunda orden es por un supuesto soborno de 3.4 millones de dólares que el exdirector de Pemex recibió de la empresa Altos Hornos, y por lo cual también se le imputa el delito de lavado de dinero.

La posibilidad de que a Lozoya se le puedan adherir nuevos cargos surge luego de que él mismo renunció al denominado “principio de especialidad”, que es una condición que existe en las extradiciones para que una persona solo sea juzgada al país al que se le manda por los delitos por los cuales fue reclamado originalmente.

Para que Lozoya alcance algún beneficio legal es necesario que colabore con la FGR con información que evidencie la comisión de delitos que sean más graves que los que a él se le imputan. Si él mismo está involucrado en alguno de estos hechos es importante que señale a participantes de mayor nivel implicados. Por ejemplo, si se trata de un caso de corrupción debería evidenciar a funcionarios de mayor rango que el suyo.

Pero dichas acusaciones y señalamientos deben estar acompañadas, además, de elementos o evidencias verificables (documentales, financieras o de cualquier índole) que ayuden a la FGR a construir un caso en contra de los otros implicados.

Lozoya ha referido que tiene 18 horas de grabaciones que supuestamente evidencian el pago de “moches” (sobornos) a legisladores de oposición en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la finalidad de que se aprobara la reforma energética.

De existir dichas grabaciones estas deberán ser entregadas a la FGR para su resguardo, procesamiento y análisis. Lozoya además deberá estar dispuesto a convertirse él mismo en testigo en contra de otros implicados.

Sumado a lo anterior Lozoya también debe estar en disposición de entregar bienes que no solo evidencien los hechos ilícitos, sino que a su vez ayuden a reparar el daño causado.

Entre esos bienes se encuentran cuentas bancarias abiertas por prestanombres en Europa y en paraísos fiscales como Islas Vírgenes, con las cuales se habrían hecho más de 15 triangulaciones de recursos por millones de dólares para – presuntamente – ocultar el pago de sobornos de la empresa Odebrecht y de Altos Hornos.

El exdirector de Pemex también debe poner a disposición de los fiscales propiedades que hayan sido adquiridas a través de recursos de origen ilícito. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, una residencia en el fraccionamiento Lomas de Bezares en Ciudad de México y otra residencia más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero. Esto sumado a otros bienes en el extranjero.

LOS BENEFICIOS

Si Emilio Lozoya aporta información suficiente que sirva para procesar por delitos más graves a funcionarios superiores, puede alcanzar un beneficio que la ley denomina como “criterio de oportunidad”, y que le permitiría incluso ser exonerado y recuperar su libertad.

Otra alternativa, si lo que aporta no es suficiente pero igual auxilia a las autoridades, es buscar un juicio corto denominado “procedimiento abreviado” en donde deberá aceptar ser culpable, pero se le impondrá – con el aval de la FGR – una pena mínima.

MEGAFRAUDE PRESIDENCIAL

Lozoya Austin denunció ante la FGR la operación en México de un presunto esquema de fraude transexenal liderado por tres expresidentes, que durante doce años se encargaron de enriquecerse a costa del erario, de extorsionar a empresarios a cambio de contratos, y de traficar influencias.

En síntesis, de perpetrar “una traición a México” a través de un esquema de “fraudes y engaños” organizado como en “La Estafa Maestra”, según el exdirector de Pemex.

La denuncia presentada por Lozoya está dirigida en contra de 15 personas a las que responsabiliza de liderar este aparato de corrupción, la mayoría de ellos exfuncionarios emanados del PAN y el PRI. Entre ellas señala a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, y Carlos Salinas de Gortari.

También a los excandidatos presidenciales Ricardo Anaya y José Antonio Meade; al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray Caso; y a los exsenadores Francisco Javier Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Francisco Domínguez Servién (actual gobernador de Querétaro), Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle Maury, David Penchyna Grub, y Ernesto Cordero.

Así como a José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina, quienes se desempeñaron entre otros cargos como directores de Pemex. También denuncia a funcionarios de menor rango, entre ellos Rafael Caraveo Opengo, exsecretario técnico del Senado y quien esta semana apareció en un video filtrado donde se muestra el pago de uno de los presuntos sobornos.

De acuerdo con Lozoya, este esquema de enriquecimiento personal a costa de quebrar al erario inició en el sexenio de Calderón donde a cambio de supuestos sobornos se favoreció la empresa Braskem, filial de Odebrecht, con la concesión del complejo petroquímico Etileno XXI que ha generado más de 3 mil millones de pesos en pérdidas a Pemex. El fraude se afianzó y se consolidó en el sexenio de Peña Nieto con la confirmación de esa obra y la dotación de nuevos contratos.

Meade fue el operador transexenal de este esquema ya que, según Lozoya, en 2010 siendo secretario de Energía autorizó en el dicho contrato de Etileno XXI ignorando advertencias de consejeros de Pemex, y de 2012 en adelante, ya como funcionario de Peña, se dedicó a encubrirlo y a recibir dádivas por dicho servicio.

Videgaray, por su parte, consolidó los beneficios a Odebrecht y además ordenó el soborno a legisladores de oposición para la aprobación de la reforma energética.

En la denuncia presentada el pasado 11 de agosto ante FGR, Lozoya además conecta otros hechos de corrupción como la entrega de combustible gratis al gobierno de Javier Duarte (quien a cambio le regaló un Ferrari a Peña Nieto); presiones para entregar contratos a Grupo Higa como pago por construir la “Casa Blanca” y el llamado “Museo del presidente” en el estado de México; y la compra de la planta chatarra Agronitrogenados a Altos Hornos.

A lo que Lozoya suma la decisión “inexplicable” de dejar de invertir en equipos que permitían combatir el robo a combustible una vez que el dejó el cargo de director de Pemex en 2016

Y finalmente denunció las presuntas presiones del expresidente Carlos Salinas de Gortari para entregar recursos y contratos a integrantes del PAN, así como a su propio hijo por la pérdida de un contrato.

Lozoya señala contar con pruebas y evidencias para sustentar todo lo anteriormente señalado. Su denuncia forma parte de un procedimiento con el que busca que la FGR le otorgue un criterio de oportunidad y anule los dos procesos abiertos en su contra por los sobornos que reconoció haber recibido de la constructora Odebrecht.

En su denuncia de 63 páginas, Emilio Lozoya detalla una serie de pagos y sobornos realizados antes y durante el gobierno de Peña Nieto. Muchos de esos pagos ya habían sido documentados en investigaciones periodísticas previas y en confesiones judiciales ante las cortes de los propios directivos de Odebrecht.

Por ejemplo, el exdirector de Pemex confirma la entrega de 4 millones de dólares de Odebrecht a la campaña de Peña Nieto de los cuales, por supuestas instrucciones de Luis Videgaray y con el presunto conocimiento del candidato del PRI, se destinaron 2.5 millones para el pago a 11 consultores externos. Lozoya reconoce haberse quedado con los otros 1.5 millones de dólares.

Las instrucciones de cómo repartir este dinero las recibía de Videgaray en unas oficinas ubicadas en la calle Montes Urales número 425, colonia Lomas de Chapultepec, las mismas donde a la postre también se entregarían múltiples sobornos a legisladores.

Ya iniciado el sexenio de Peña Nieto vino lo que Lozoya denomina “la compra de votos para la aprobación de las reformas estructurales”. Y en este apartado fue enfático en señalar que en el caso de los legisladores del PAN como Cabeza de Vaca o Domínguez, lo que hubo no fue una negociación sino una auténtica “extorsión”.

“Recibí en diversas ocasiones a los legisladores de oposición cuyas exigencias ascendían, en un primer momento, hasta 50 millones de dólares, para dar su voto a favor de la reforma energética. Ellos tenían proyectos políticos en diversos estados de la República como Tamaulipas, Campeche y Querétaro y usaban eso como pretexto para pedir constantemente más y más dinero. Además, pedían cita y llevaban a contratistas cercanos a ellos para que les dieran contratos de Pemex. Tenían una actitud muy agresiva”, señala el documento.

De acuerdo con el exdirector de Pemex hubo dos paquetes de sobornos. El primero de ellos provino de la constructora Odebrecht y consistió en casi seis millones de dólares triangulados a través de la empresa fantasma “Zecapan SA” en ocho pagos realizados de noviembre de 2012 a marzo de 2014.

El entonces senador del PRI y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta, David Penchyna, fungió como enlace con los senadores de oposición para la repartición de los supuestos sobornos, según Lozoya.

El exdirector de Pemex detalló que en el caso específico de Ricardo Anaya el pago fue de 6 millones 800 mil pesos que se entregaron en el estacionamiento de la Cámara de Diputados a Osiris Hernández, asistente del panista.

Otros 80 millones de pesos, subraya Lozoya, se dispersaron en siete pagos realizados entre diciembre de 2013 y abril de 2014, principalmente en la oficia de Montes Urales. La mecánica era básicamente la misma que se reveló esta semana en un video filtrado en internet y descrito en la denuncia: dos personas de nombre José Velasco y Francisco Olascoaga entregaban el dinero a Rafael Caraveo Opengo, quien fungía como intermediario de los legisladores panistas.

Un segundo paquete de sobornos, estos por un monto de diez millones de dólares, se habrían entregado en agosto de 2014 “íntegramente a legisladores del grupo parlamentario del PAN”. En ese caso, Lozoya dice que no tiene el detalle de cómo se repartió el dinero.

Además de estos sobornos para la aprobación de las reformas estructurales, Lozoya detalla que en 2014 Odebrecht transfirió nuevas dádivas por 84 millones de pesos, esto como agradecimiento por la confirmación de la concesión Etileno XXI negociada desde un sexenio antes.

De ese dinero, 32 millones de pesos fueron entregados a Videgaray y al secretario de finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar, a través de tres pagos en abril de 2014 en las oficinas de montes Urales. De todo esto, Lozoya dice tener recibos y a un testigo de nombre Rodrigo Arteaga Santoyo.

El exdirector de Pemex sostiene que el 15 de septiembre de 2014 y por instrucciones directas de Luis Videgaray repartió 8 millones 390 mil pesos a través de Norberto Gallardo. Cuatro millones 390 mil pesos fueron a José Antonio González Anaya, y otros cuatro millones a José Antonio Meade. Todo ello en sus domicilios personales.

La denuncia presentada por Emilio Lozoya señala en específico al expresidente Carlos Salinas de Gortari de haber funcionado como un “comisionista y cabildero del PAN” para la obtención de diversos beneficios ilegales.

Por ejemplo detalla que, en el marco de un viaje a Colombia en 2014, el empresario Federico Martínez Urmenta, director de la empresa TRADECO, le dijo a Peña Nieto que junto con su socio Carlos Salinas estaban reuniendo los votos necesarios en el PAN para la aprobación de las reformas.

Esto derivó a la postre en peticiones expresas de Salinas de Gortari, incluso a través del padre de Lozoya, para que Pemex favoreciera proyectos de Martínez Urmenta.

Lozoya añade que Salinas de Gortari cabildeó diversos proyectos de su hijo, así como el pago de 15 millones de dólares de indemnización a una empresa suya (TRESE) por un contrato de una plataforma marítima que Pemex canceló tras una explosión en la que murieron varios trabajadores.

“Ahora que Lozoya está dando a conocer que hubo estos sobornos y que se puso dinero para aprobar la Reforma Energética y se repartió dinero a legisladores de partidos, sería muy importante terminar de conocer cuánto y a quiénes”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente

“Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso crearon un esquema de corrupción en el gobierno federal, en el cual el común denominador era el siguiente: todas las personas que de cierto modo apoyaron en la campaña presidencial tenían que ser remuneradas o recompensadas»

Emilio Lozoya

Exdirector de Pemex

“El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya (con el chantaje de tener presa a su mamá) es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo en mi caso acusaciones ridículas”

Felipe Calderón

Expresidente

”Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos”

José Antonio Meade

Excandidato a la Presidencia

“Que no sueñen con que me voy a dejar. Conmigo se van a topar con pared. No me importa cuánto tiempo me tome, defenderé mi honor y seguiré luchando para cambiar a México”

Ricardo Anaya

Excandidato a la Presidencia

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