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Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador de la República y ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos en la Ciudad de México por un año, informó la Contraloría.
Sin embargo, esta inhabilitación no afectará su labor en el Senado, toda vez que la inhabilitación es a nivel local.
A través de una tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de la Contraloría, informó que la sanción se da luego de acreditar que su participación durante la campaña presidencial de 2018, puso en riesgo la equidad de la contienda, «vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
La sanción fue impuesta por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General a través de la resolución con fecha del 5 de octubre de 2020.
La resolución se emite en cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien una vez realizado el procedimiento especial sancionador, solicitó a la secretaría ejecutar la sanción.
En 2018, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja contra de Mancera Espinosa por la difusión de mensajes en radio y televisión promocionando a Ricardo Anaya Cortés, quien buscaba la presidencia de la República por la coalición Por México al Frente.
Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en un inmueble de Carlos Jiménez Rodríguez, yerno de Luis Ernesto Serna Chávez, exsecretario particular del exjefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera.
El 23 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que realiza investigaciones relacionadas con un centro de espionaje que funcionó durante la administración de Miguel Ángel Mancera.
En ese entonces, Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, reveló que la dependencia indaga diversas actividades posiblemente relacionadas con investigaciones de tipo político, realizadas por servidores públicos de diferentes dependencias ajenas a las facultades y atribuciones, que por ley tenían establecido llevar a cabo durante la pasada administración.
